La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó el recurso de queja presentado por Cristina Fernández de Kirchner, ha colocado al empresariado argentino en una encrucijada. En Córdoba, el Grupo de Entidades Empresarias (G6), compuesto por la Unión Industrial, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio y Fedecom, fue uno de los pocos actores del círculo rojo que emitió una declaración pública.
En el comunicado, el G6 reafirmó su respaldo al rol institucional de la Justicia y destacó que “todos los ciudadanos deben ser juzgados con igualdad ante la ley”. Además, hizo un llamado a preservar la paz social, fortalecer la independencia de los poderes y garantizar una convivencia democrática. Sin embargo, tras bambalinas, el tono fue distinto.
Referentes empresariales admitieron, en estricto off the record, que la mayoría de los grandes actores del sector optaron por no hacer declaraciones para no verse atrapados en el debate político. El temor es evidente: que el fallo alimente el relato del lawfare, reactive al kirchnerismo y profundice la polarización.
El comunicado del G6 se desvincula de ese debate, aunque también actúa como una señal hacia el poder político: solicitan reglas claras, previsibilidad institucional y un firme respeto al funcionamiento republicano. En tiempos de incertidumbre, el empresariado avanza con cautela.
“Desde el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) hacemos un sincero llamado a respetar la actuación del máximo tribunal, que ha actuado en el marco de sus competencias y con apego al debido proceso. La resolución reafirma que en una República, todos los ciudadanos, sin distinción de cargos o historia política, deben ser juzgados con igualdad ante la ley y con pleno resguardo de las garantías constitucionales. Esa es la base de una democracia sana y de una sociedad que aspira a vivir en un entorno de justicia, transparencia y confianza institucional”, expresa el comunicado.
Y añade: “Ante reacciones de algunos sectores radicalizados que intentan desconocer o deslegitimar esta decisión del Poder Judicial, hacemos un llamado a la responsabilidad cívica, al respeto mutuo y, sobre todo, a preservar la paz social. La Argentina necesita instituciones fuertes, una defensa férrea de la independencia de poderes y un sistema de contrapesos democráticos. El respeto por la Justicia y la convivencia pacífica son condiciones irrenunciables para avanzar como país, tanto para resolver hechos del pasado como para construir el futuro que necesitamos”.
