El año cierra con conflictos en puerta para algunos gobernadores. En Córdoba, Martín Llaryora, en el marco de la marcha de los gremios estatales contra el ajuste previsional aprobado en la Legislatura, chocó con el secretario general del poderoso Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) Rubén Daniele; y en Chaco, Leandro Zdero se encuentra en medio de una crisis del sistema del transporte público de pasajeros que se tradujo en suspensiones de choferes, por lo que se espera su intervención. Al que le hicieron un piquete en la Casa de Gobierno es al entrerriano Rogelio Frigerio y fue protagonizada por empleados nucleados en ATE para reclamar la renovación de contratos y la apertura de paritarias.
Este último lunes, en Córdoba, en el acto principal de una marcha de trabajadores estatales de distintas reparticiones por las calles céntricas de la capital, el secretario general del SUOEM, Rubén Daniele, lanzó duras críticas contra el gobernador Martín Llaryora y hasta el advirtió: “Te vamos a ir a buscar donde estés”.
Unas horas más tarde, el mandatario se pronunció en sus cuentas en redes sociales y señaló que a raíz de los insultos del dirigente recibió numerosos mensajes de apoyo y calificó a los dichos como “una clara incitación a la violencia”. El gobernador afirmó que algunos le sugirieron presentar una denuncia pero recordó que tampoco lo hizo en otra situación reciente: “No lo hice cuando me difamaron usando mi imagen con IA y no lo voy a hacer ahora”, publicó y pidió a sus seguidores no actuar de igual modo que Daniele. “No me van a amedrentar los insultos ni los agravios. La violencia no conduce a nada y Córdoba no la necesita”, cerró Llaryora.
La movilización de lo docentes de UEPC, los municipales del SUOEM, La Bancaria, Judiciales y trabajadores de otros sindicatos se concretó en medio de un clima de creciente tensión luego de que la Cámara unicameral aprobara modificaciones que facultan al Poder Ejecutivo a incrementar los aportes previsionales de los empleados públicos para atender el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Los gremios sostienen que los trabajadores no son responsables de la situación financiera del sistema previsional y cuestionan la falta de diálogo por parte de las autoridades provinciales. El choque con el que cerró el año augura nuevos capítulos y tensiones en las próximas semanas.
Crisis del transporte
La crisis del transporte urbano en el área metropolitana del Chaco sumó un nuevo capítulo con la suspensión de 90 choferes de colectivos urbanos de las empresas ERSA y TCM, por 15 y 30 días, de acuerdo a lo que informó la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida puso en la superficie la profundidad de colapso que se agudizó con la decisión de la Nación de cortar con los subsidios, bache que no fue cubierto en su totalidad por la administración del gobernador radical Leandro Zdero, según fuentes del empresariado, por lo que el mantenimiento del sistema se sostiene en el costo del boleto, en un contexto de caída de pasajeros.
En una conferencia de prensa efectuada este martes en su sede, dirigentes de la Cámara de Empresas del Transporte del Chaco (CETACh) señalaron que el sistema está a punto del colapso. Gustavo Larrea, asesor legal y presidente de la cámara, informó que uno de los datos más importantes es la caída masiva de los usuarios.
Colectivo Chaco
“A principio de este año estábamos en 1,5 millones de pasajeros transportados y hoy estamos rozando los 700.000 en noviembre”, detalló. Para el empresario, esto se explica por el aumento de la tarifa, cuyo costo es de $1.300 el boleto mínimo, frente a salarios estancados y la falta de subsidios. “Hubo un retiro de los aportes provinciales al esquema de compensación y se mandó todo a tarifa. Eso implicó una reducción del 50% de pasajeros. La gente no puede asumir esos costos con tarifas que no son competitivas frente a alternativas como Uber, remises o la moto”, explicó Larrea.
Facundo Sartore, de la empresa San Fernando, advirtió que el transporte público en Resistencia atraviesa una situación “muy complicada” y que, de mantenerse las actuales condiciones, el sistema podría avanzar hacia su desaparición. Explicó que la quita del fondo compensador nacional fue el punto de partida del problema y que, en otras jurisdicciones, los estados provinciales o municipales absorbieron parte de ese impacto, algo que no ocurrió en el Chaco. Indicó que el peso del sistema se trasladó casi exclusivamente a la tarifa, lo que provocó una fuerte caída de pasajeros y una competencia desigual con otros medios de transporte. “Tenemos costos y obligaciones que otros servicios no tienen, y eso nos deja en una situación de competencia desleal”, sostuvo.
Raúl Abraham, secretario general del sindicato UTA, rechazó las suspensiones y advirtió que se evalúan medidas ante lo que considera una afectación directa a las fuentes de trabajo. Sostuvo que “la crisis no puede resolverse trasladando el ajuste a los trabajadores” y reclamó respuestas institucionales que garanticen tanto la continuidad del servicio como el empleo. Por estas horas, la Subsecretaría de Transporte de la Provincia aún no se pronunció sobre la situación. Este silencio institucional suma incertidumbre en un contexto de alta conflictividad, donde confluyen intereses laborales, empresariales y la necesidad pública de sostener un servicio esencial para miles de usuarios del Gran Resistencia.
En el patio de la Casa de Gobierno
Al gobernador de Rogelio Frigerio le estalló un frente de crisis en el patio de la Casa de Gobierno de Entre Ríos, en donde empleados nucleados en el gremio ATE realizaron una asamblea por la decisión política del Ejecutivo de no renovar los contratos que terminan el 31 de diciembre. Oscar Muntes, secretario general, sostuvo que “es una perversidad, pero no sólo este último decreto, sino también una serie de medidas que el Gobierno tomó en dos años contra las y los trabajadores del Estado”. “Por ejemplo, van ocho meses de congelamiento salarial”, indicó.
Sobre los cesanteados, el sindicato tomó conocimiento de la no renovación de sus contratos a través del Decreto 3.817, firmado el 20 de diciembre por el gobernador Rogelio Frigerio, y el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso. Se estima que son cerca de 100. Mientras que en torno a la apertura de las paritarias, el gobierno anticipó que hasta febrero no convocará a la negociación salarial. La nutrida protesta de los estatales arrancó en el patio de la Casa de Gobierno y después hubo marcha por los pasillos hasta llegar a la puerta del despacho del mandatario provincial, sin que hubiera incidentes.
Sobre la protesta, Rogelio Frigerio no se expresó. Sí recibió una buena noticia en el arranque de la semana porque el Gobierno le girará $220.000 millones en concepto de anticipo financiero, aduciendo que esa administración provincial se ve “impedida”, en forma transitoria, de “atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”.
La medida, como lo informó Ámbito, se oficializó en el Decreto 922/2025 publicado en el Boletín Oficial y llega apenas días después de que los gobernadores aliados y dialoguistas prestaran votos claves para la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado, el primero de la era Javier Milei en llegar a esa instancia.
