Argentina fue citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explicar el creciente deterioro de la libertad de expresión y la represión de la protesta social. La audiencia fue solicitada por diversas organizaciones de derechos humanos que advirtieron sobre un clima de hostigamiento contra la prensa y la sociedad civil.
Según un reciente informe de Amnistía Internacional, en los últimos meses se observaron señales preocupantes de retroceso en las garantías democráticas básicas, con medidas estatales que podrían coartar el derecho a manifestarse y reducir la pluralidad informativa.
La organización señaló el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas, la criminalización de referentes sociales y sindicales, y el hostigamiento a periodistas que cubren protestas. En ese marco, la CIDH solicita que el Estado detalle qué políticas y mecanismos está implementando para proteger la libertad de expresión y prevenir abusos.
Durante la audiencia, Argentina deberá explicar cómo se aplican los protocolos de seguridad en movilizaciones sociales, qué acciones judiciales se tomaron frente a denuncias de violencia institucional y cuáles son los instrumentos vigentes de protección para periodistas y defensores de derechos humanos.
Amnistía Internacional también subrayó que los discursos oficiales estigmatizantes hacia medios de comunicación, organizaciones o manifestantes generan un clima de intimidación que desalienta la participación ciudadana y debilita la confianza en las instituciones. Además, advirtió que el acceso a la información pública sufrió un retroceso, con una mayor concentración de vocerías oficiales y una reducción de la transparencia gubernamental.
La convocatoria de la CIDH constituye un paso relevante dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Su objetivo es garantizar que el Estado argentino rinda cuentas por sus compromisos internacionales en materia de libertad de expresión y protección de la prensa.
Desde Amnistía, sostienen que “la libertad de expresión es una condición esencial de toda sociedad democrática”, y que los gobiernos tienen la obligación de garantizarla, incluso frente a las voces críticas.
En un contexto social marcado por tensiones políticas y reclamos económicos, el debate sobre la libertad de expresión vuelve al centro de la agenda. Las organizaciones esperan que este proceso derive en recomendaciones concretas y en un fortalecimiento institucional que garantice un espacio libre, plural y seguro para el periodismo y la protesta pacífica.
BR
