Título: La CIDH alerta sobre el deterioro de la libertad de expresión en Argentina
En un contexto de creciente tensión entre el periodismo y el Gobierno de Javier Milei, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado un “deterioro acelerado” de la libertad de expresión en el país. En su informe, que abarca la situación de la prensa en 35 países, se expresa una profunda preocupación por el discurso estigmatizante del presidente libertario hacia periodistas críticos y el uso de reformas legales restrictivas sin un debate público adecuado.
Entre las declaraciones cuestionadas por la CIDH se encuentran los términos “corruptos”, “ladrones” y “delincuentes con micrófono”, utilizados por el propio jefe de Estado contra periodistas y medios. Según el informe, estas afirmaciones no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia política del oficialismo en su “batalla cultural”. Esta situación se desarrolla en un marco de protestas sociales, represión y un clima hostil hacia la prensa.
El informe de la CIDH incorpora datos de organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que registró 37 agresiones a periodistas entre abril y julio de este año, lo que implica un aumento del 24% en comparación con el mismo periodo de 2023. De esos incidentes, el 71% involucró algún tipo de violencia estatal y el 27% fue atribuido directamente al presidente. Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió que las descalificaciones oficiales “motorizan a un ejército de trols” que fomentan la violencia digital y física contra los periodistas.
Además, la CIDH alertó sobre retrocesos normativos relacionados con el derecho a la protesta, el acceso a la información pública y el funcionamiento de medios estatales. Las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo, algunas a través de decretos y otras sin discutir en el ámbito parlamentario, fueron consideradas regresivas. El organismo enfatizó que estos cambios afectan la calidad del debate democrático en Argentina.
Las denuncias de Jorge Fontevecchia y Jorge Lanata en el informe
En el marco del deterioro del clima hacia la prensa, la Relatoría Especial indicó que varios periodistas han llevado sus quejas al Poder Judicial. Jorge Lanata ha iniciado causas penales y civiles contra Milei tras ser acusado públicamente de "mentiroso" y de recibir "sobres" en relación a supuestos sobornos. A su vez, Jorge Fontevecchia, fundador de Perfil, presentó demandas después de ser calificado como “quebrador serial” y “periodista ensobrado,” justo tras la publicación de investigaciones críticas hacia el gobierno.
En este último caso, la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires revocó inicialmente un sobreseimiento a Milei y destacó que los funcionarios públicos deben ser cautelosos con sus declaraciones. El fallo aclaró que, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, el discurso oficial no debe vulnerar derechos ni ser utilizado como presión contra quienes participan en el debate público, especialmente en contextos de alta polarización. Además, se advirtió que las expresiones de Milei “no pueden naturalizarse como parte del debate político” y constituyen un grave riesgo para la libertad de expresión. La Relatoría subrayó que este tipo de estigmatización desde las altas esferas de poder puede fomentar hostilidad y aumentar la vulnerabilidad de los periodistas a ataques o represalias.
Acciones contra medios y formadores de opinión críticos
En este clima de hostilidad institucional hacia la prensa, la Relatoría también ha documentado el uso del sistema judicial como una herramienta para intimidar a los trabajadores de los medios. En junio de 2024, el ministro de Justicia presentó una denuncia penal contra Nancy Pazos y Darío Villarruel por “instigación a cometer delitos”, a raíz de comentarios críticos sobre la gestión alimentaria del Ministerio de Capital Humano. Simultáneamente, el periodista Andrés Sanguinetti fue demandado por daños y perjuicios por un empresario tabacalero que le exigió dos millones de dólares tras la publicación de una investigación sobre presunta elusión fiscal y lobby corporativo. Sanguinetti denunció que esta demanda busca intimidar y disuadir futuras indagaciones.
A estos episodios se suman medidas administrativas que limitan el acceso de la prensa a fuentes oficiales. Desde diciembre de 2023, el Gobierno habría revocado las acreditaciones de alrededor de 50 periodistas en Casa Rosada, reduciendo el número de acreditados a solo 88. La creación de una supuesta “sala de prensa de élite” para los medios considerados “relevantes” por el Ejecutivo fue interpretada por la Relatoría como una estrategia preocupante de exclusión. El caso de Silvia Mercado, a quien se le retiró la credencial tras un comentario irónico sobre los perros del presidente, refuerza esta interpretación. Su acreditación fue reinstaurada tras un amparo judicial y la presión de asociaciones periodísticas.
El informe también destacó un intento fallido del Ministerio de Capital Humano de reinstaurar la matrícula obligatoria para ejercer el periodismo, una medida considerada inconstitucional por la Corte Interamericana desde 1985. Aunque la propuesta fue retirada apenas horas después de ser divulgada en redes sociales, incluía requisitos restrictivos, como certificados de antecedentes penales y aportes jubilatorios al día, que podrían haber excluido a un gran número de periodistas. La Relatoría enfatizó que estas prácticas, junto a los ataques verbales y judiciales, configuran un entorno adverso para la libertad de expresión en Argentina.
Conclusión: La voz de la prensa en peligro
La situación actual pone en evidencia los desafíos que enfrenta la libertad de expresión en Argentina y la necesidad inminente de un debate serio sobre el respeto a los derechos de los periodistas.
TC / Gi
