Tal como ya se informó en este portal, la propuesta consiste en crear la instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (Iclop) en la Provincia, replicando el exitoso modelo del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) que opera en la Capital Federal.
En este contexto, un informe elaborado por la CGT, preocupada ante el cierre de empresas que pone en peligro las fuentes laborales, revela que las intervenciones del Ministerio de Trabajo bonaerense logran resolver la mayoría de los conflictos a nivel administrativo, llegando a acuerdos homologados que finalizan la relación laboral, respetando el derecho del trabajador y considerando la razonabilidad de los planteos que protegen a las pymes.
La resolución pre-judicial de litigios
Un análisis estadístico en esta área refleja la eficacia de un sistema que se asegura de resguardar el derecho constitucional de un trabajador a recibir indemnización en caso de interrumpirse la relación laboral, al mismo tiempo que aborda la difícil situación económica que enfrentan las empresas en crisis, especialmente las pymes de diversos rubros. En muchos casos, las empresas realizan despidos en el marco de procedimientos preventivos de crisis o por cierres directos, lo cual incrementa la litigiosidad.
Un análisis de las intervenciones administrativas del Ministerio de Trabajo bonaerense, elaborado por la CGT, revela que de cada 100 reclamos presentados, la abrumadora mayoría –más del 90%– culmina en acuerdos que contemplan el pago de una liquidación, que normalmente se sitúa, sin excepción, por encima del 70/80% del monto reclamado por el trabajador. La intervención oficial considera, además, un punto crítico que aborda el abuso sistemático de los tribunales laborales provinciales: la actualización de la cifra, basada en la tasa pasiva y/o incorporando como variable de ajuste la cuota salarial actualizada para el sector.
Apoyo al proyecto de mediación previa obligatoria
“Todos los acuerdos se enmarcan en la Ley de Contrato de Trabajo, evaluando los montos en disputa, con un promedio de liquidación que varía entre el 70 y el 80% de lo reclamado por el trabajador, ajustado por la legislación vigente,” explicó una fuente del sector, involucrada en estos trámites administrativos previos a la instancia judicial. Este dato es relevante, sobre todo al compararlo con los abusos en los ajustes que llevan a cabo los tribunales bonaerenses, alejados de lo que la ley indica (un promedio de un salario por año trabajado), temiendo que generen resoluciones abusivas que incrementen los costos de las transacciones sin seguir la jurisprudencia de la Corte en la materia, con el objetivo de liquidar honorarios artificialmente inflados y sin respaldo legal.
“Cuando es necesario hacer un ajuste, la lógica que se aplica en la sede administrativa es la variación salarial del sector, evitando utilizar índices caprichosos y disparatados que aplican los tribunales de trabajo provinciales,” explican.
El abuso de los jueces: $350 millones por 5 años de trabajo
El lamentable estado de la justicia provincial a menudo produce situaciones insólitas en los tribunales laborales. Se repiten escenas de “vistas de causas” en las que las partes intentan alcanzar soluciones consensuadas mediante acuerdos que, sin embargo, deben esperar a que “el tribunal decida aceptar el monto” que se pactó. Hay una secuencia que se reitera: acuerdos aceptados por los litigantes en vistas de causas, que, aun así, cuentan con alguna disidencia por no ajustarse a derecho, mientras que otras voces del tribunal respaldan la cifra.
Un fallo del tribunal de trabajo Nº 2 de La Plata (firmado por Juan Ignacio Orsini; Carlos Mariano Nuñez y Mauricio Javier Bordino) ilustra el abuso sistemático que se observa en la justicia provincial: con 5 años de antigüedad, los jueces establecieron una indemnización de $350 millones. Una sentencia del todo desmedida. Este caso involucra a una fábrica de baterías de la región que no puede afrontar dicho costo y que se verá forced a cerrar sus puertas.
Con el objetivo de evitar esos abusos que alimentan la industria de los juicios, y en un contexto que busca desalentar prácticas que amenazan las fuentes laborales, especialmente en épocas de crisis como la actual, el Ejecutivo persigue la sanción de una norma que dirima los reclamos laborales individuales y pluriindividuales, de forma obligatoria y previa al inicio de demandas judiciales en los tribunales. Este sistema es similar al que opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y promete ser más eficaz que el actual.
*Con información publicada en el portal Infocielo
