El reclamo es por mayor rentabilidad, que no implica un alza de precios sino medidas impositivas o de control de mercado que beneficie a las pymes del sector.
Se inició como consecuencia de la baja rentabilidad de las estaciones, que argumentan tener ingresos congelados desde 2003 y una suba en los costos del 200%. Ello llevó a la quiebra, sostienen. “Somos las más perjudicadas del sistema con una rentabilidad cada vez menor a pesar de ser el eslabón más importante en la cadena de comercialización” y añade: “Por cada estación hay más de 10 puestos de trabajo”.
Frente a esta situación, piden la intervención del Gobierno para que sin necesidad de un incremento de precios de los combustibles, se revea el margen de rentabilidad a través de establecer subsidios como el vigente para el transporte o una eventual reducción de impuestos.




