El fiscal General Adjunto del Tribunal Oral Federal de Paraná, Juan Sebastián Podhainy, compartió detalles sobre la histórica sentencia que condenó a tres apicultores por provocar incendios en el Delta.
En una entrevista con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Podhainy subrayó que, “a partir de lo ocurrido en el antecedente anterior, hemos logrado penas de prisión efectivas que superan los tres años. Esto es inusual no solo en la jurisdicción, sino en todo el país”. Añadió que “obtener sentencias efectivas y firmes por delitos ambientales es un avance significativo. Las penas de tres años y seis meses y tres años y dos meses son verdaderamente notables y representan una satisfacción para nosotros como operadores judiciales”.
Respecto a la labor judicial que llevó a la condena, explicó: “No se requiere que haya un daño ambiental, sino que basta con que se genere una situación de peligro para la comunidad. En este caso, se afectaron 7.800 hectáreas de humedal, lo cual se consideró al momento de medir y cuantificar la pena. Además, la escala de las penas va de tres a diez años, por lo que se les impuso una sanción cercana al mínimo, que a partir de tres años debe ser de cumplimiento efectivo. No solo se dañaron las 7.800 hectáreas, sino también una capa del suelo crucial que puede tardar hasta diez años en recuperarse. También se produjo la pérdida de hábitats de animales y la liberación de gases de efecto invernadero. Es fundamental recordar que el Delta del Paraná está internacionalmente protegido, ya que actúa como un sumidero de oxígeno, y aquí pasamos de ser eso a convertirnos en un foco de emisión de dióxido de carbono. Debemos reflexionar sobre el papel que desempeñamos en el cambio climático, así como sobre el daño que se causó a comunidades como Rosario y San Pedro”.
El fiscal enfatizó que “la situación ya era alarmante antes de que estas personas decidieran prender fuego en la isla de Las Lechiguanas. A pesar de la sequía y el descenso histórico del río Paraná, decidieron iniciar el fuego de todos modos”.
Confirmó la existencia de otras causas en instrucción en el Tribunal Oral, sobre las cuales, según su información, está actuando el Juzgado Federal de Victoria. Aunque no son de la misma magnitud, también hay un expediente en el Juzgado de Paraná con varios propietarios imputados. En este caso, no se pudo establecer quiénes comenzaron los incendios, algunos fueron desvinculados y la Fiscalía apeló esos sobreseimientos ante la Cámara Federal.
“Es un mensaje contundente de prevención para la comunidad, ya que así estamos afirmando que causar daño al medio ambiente en estas circunstancias conlleva una responsabilidad”, resumió.
Con respecto a la intencionalidad detrás de los incendios, el fiscal indicó que “se pudo comprobar que no hubo negligencia; estas personas sabían perfectamente la alarma que representaba la bajante del río y la sequía más extrema que hemos enfrentado en años. Aun así, decidieron iniciar el fuego”.
“Además, a través de las comunicaciones extraídas de los celulares de estos individuos, podemos evidenciar que eran plenamente conscientes de la situación en la isla y de lo que ocurriría si iniciaban un contrafuego, que está prohibido, ya que solo personal capacitado puede llevarlo a cabo. Tenían múltiples opciones para neutralizar el incendio que supuestamente se les acercaba, el cual nunca llegó, y se determinó que se extinguió antes de que pudiera amenazarlos. Contaban con 24 horas para actuar, por lo que su acción es claramente dolosa”, sostuvo.
En cuanto a la situación laboral de los apicultores, mencionó que “no estaban registrados como apicultores, pero uno de ellos declaró que llevaba más de 25 años en la actividad, con colmenas en la zona; su hijo también condenado, ha trabajado toda su vida en apicultura y el tercer implicado también sigue en la misma labor”.
Por otro lado, aclaró que “no están detenidos porque, después de que se emita la sentencia el 5 de septiembre, tendrán diez días para recurrirla ante la Cámara de Casación”.
El fiscal también apuntó que se logró probar la autoría de estos tres individuos gracias a los testimonios de vecinos de Ramallo, que denunciaron focos ígneos visibles desde la isla. La Prefectura los encontró con encendedores, y ellos admitieron haber comenzado el fuego, alegando que se les había escapado de las manos. Los encendedores fueron incautados y reconocieron que habían iniciado el fuego que se extendió durante más de 15 días.
Finalmente, consideró que no existe riesgo de fuga “porque siempre han estado a derecho y se han presentado cada vez que fueron convocados, incluso ayer, cuando se leyó el veredicto, tuvieron la oportunidad de expresar sus últimas palabras a través de una conexión por Zoom, dado que residen en San Pedro”.
