Durante los primeros cinco meses de este año, un grupo de policías percibió 27 millones de pesos por servicios adicionales de custodia de camiones blindados que, según la hipótesis que investiga la Fiscalía, no se habrían prestado efectivamente. La pesquisa se inició tras una denuncia de la propia Policía de Entre Ríos, que detectó diversas inconsistencias e irregularidades.
Tras analizar pericias, documentos y testimonios, en los últimos días se sumaron cinco imputados a los cinco inicialmente acusados. Entre los investigados figura el comisario inspector Fernando Oscar Urquía, quien se desempeñaba como jefe del servicio adicional —dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública—. En la parte administrativa aparece la sargento de la sección Cobradores, Vanesa Marina Paola Bértoli, responsable de cargar los datos en el sistema.
Los primeros cinco imputados son, además de Urquía y Bértoli, Julia Evangelina Sangoy, Mauricio Javier Colignon y Walter Ramón Broder. Los cinco nuevos acusados incorporados a la causa son Pedro Alberto Arena, Gabriela Yolanda Arena, Walter Sebastián Dettler, Maximiliano Felipe Monzón y Sergio Gustavo Sánchez.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de delitos contra la administración pública, a cargo de Gonzalo Badano, por la División Asuntos Internos de la Policía provincial. Según se informó, el caso salió a la luz luego de que un efectivo solicitara su traslado desde esa área porque había observado irregularidades que le llamaron la atención.
Paralelamente a la investigación penal, se tramita un expediente administrativo interno en la fuerza. Los primeros cinco imputados fueron puestos a disponibilidad; en cambio, los nuevos acusados continúan en funciones hasta no confirmarse si tuvieron la misma participación o un rol menor, según precisaron desde la Policía.
La cifra de 75 millones supuestamente desviados surge del análisis de las pruebas presentadas sobre los adicionales que se cargaron en el sistema y efectivamente fueron abonados a policías por el servicio de custodia y transporte blindado de valores del Banco de Entre Ríos.
En las últimas semanas la causa giró en torno a las pericias de los teléfonos celulares. Inicialmente la jueza Paola Firpo autorizó el peritaje de los teléfonos oficiales secuestrados, pero no de los personales de los efectivos, al considerar que se iba “a la pesca” en busca de datos. Esa decisión fue revocada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones, que concedió la pericia solicitada por Badano. La información que pudiera surgir de los celulares podría demostrar —o descartar— si existieron comunicaciones entre los implicados sobre la maniobra investigada y si se registraron retornos de quienes cobraron el dinero hacia otros intervinientes en el proceso de carga de adicionales.
