Nelio Calza, exfuncionario y exdiputado nacional por el PJ, será llamado a declarar en calidad de imputado en las próximas semanas en relación con una causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Desde el Ministerio Público Fiscal están concluyendo la etapa de recepción de pruebas y la realización de evaluaciones contables.
Calza ha ocupado diversos cargos públicos, incluyendo el de concejal en Concordia, presidente de Sidecreer, titular del Instituto del Seguro y diputado nacional. Originario de Concordia, es un referente destacado del Frente Grande, que, tras muchos años como aliado del Partido Justicialista (PJ), ha decidido presentar las candidaturas de Carolina Gaillard y Paola Rubattino en las actuales elecciones.
La investigación penal preliminar fue iniciada por el entonces fiscal Juan Malvasio, quien actualmente es juez. Su sucesor en esta causa es el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. Según fuentes cercanas a esta redacción, se están concluyendo las pruebas y el análisis contable pertinentes, y se espera que se fije una fecha para la declaración, prevista para septiembre u octubre.
El proceso investigativo ha revelado movimientos bancarios y cambiarios, que incluyen compras de títulos públicos y múltiples adquisiciones de moneda extranjera entre 2009 y 2018. Destacan operaciones en 2017 que superan los 178 mil dólares, además de la constitución de plazos fijos ese mismo año por parte de Calza y la firma Río Salado SRL, de la que el exlegislador posee el 98%.
Entre los bienes que se le atribuyen a Calza se encuentra una embarcación conocida como Rey Power, que ingresó a su patrimonio en 2015, y más de 15 vehículos, que abarcan desde camionetas hasta sedanes y utilitarios de diversas marcas.
Entre estos vehículos están dos Chevrolet S10 doble cabina, una Renault Trafic, cuatro Volkswagen Polo, un Chrysler Cruiser, dos Volkswagen Bora, un Volkswagen Passat, un Volkswagen Golf, un Peugeot 207, un Renault Fluence, un Peugeot 206, un Nissan Visia, un Fiat Palio y un Fiat Duna.
También se están investigando propiedades asociadas a Calza en Paraná, Concordia, la ciudad de Santa Fe y en el área rural de María Luisa, en el departamento Las Colonias, en la provincia vecina. En Concordia, ha incorporado inmuebles en las calles Laprida, Pirovano, Yrigoyen, Montevideo, Vélez Sarsfield y Colón, mientras que en Paraná tiene propiedades en las calles Güemes y Azcuénaga. En Santa Fe, posee cuatro departamentos y otras propiedades en las calles Cayetano Rodríguez, Balcarce y Belgrano, así como un campo en Las Colonias.
Como es habitual en investigaciones de enriquecimiento ilícito, se extiende el análisis al grupo familiar de los imputados. En este caso, se han solicitado informes sobre el patrimonio y los ingresos de la esposa de Calza, Flavia Roxana Marchetti, y sus hijos mayores de edad, Lucio y Ornella Calza. Se han emitido numerosos oficios para la recopilación de información, que están siendo evaluados actualmente. Los requerimientos se han dirigido a diversas instituciones, incluyendo la Administración Tributaria Municipal (AFIM) de Paraná, la Dirección de Catastro de Santa Fe y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), entre otras.
La causa contra Calza se originó a mediados de diciembre de 2016, a partir de una denuncia presentada en los tribunales por el entonces senador provincial Raymundo Kisser (UCR-Paraná). Esta presentación del legislador radical, que llevó a cabo múltiples denuncias que derivaron en causas significativas relacionadas con la corrupción, se centró inicialmente en la gestión de la tarjeta estatal Sidecreer durante el gobierno de Sergio Urribarri.
A partir de esta denuncia, se generaron legajos que implicaron a Calza y a su sucesor al frente de la empresa estatal, Juan José Canosa, quien fue condenado por negociaciones incompatibles con la función pública y también enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito.
Fuente: Analsis Digital
