La Justicia aceptó las excusaciones de dos magistrados que integraban, o podían integrar, el tribunal encargado de juzgar por segunda vez al exgobernador Sergio Urribarri y a otros acusados en la megacausa conocida como la causa Coimas. Se trata de los vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Matilde Federik y Gervasio Labriola.
Labriola explicó su apartamiento señalando que intervino en otra causa contra el exgobernador —la investigación por enriquecimiento ilícito— y “en los incidentes por los cuales tramitan las medidas cautelares patrimoniales”, por lo que sostuvo que “no podría intervenir al mismo tiempo como juez del tribunal que tiene a su cargo juzgar los hechos atribuidos en la presente causa por un lado, y por otro lado continuar actuando como vocal de apelación en el marco de la causa N° 26585 donde aún no se ha sustanciado la etapa intermedia, porque no es aventurado considerar que podría presentarse la situación -muy particular por cierto- de tener que resolver -en grado de apelación- planteos vinculados con la legalidad o admisibilidad de las evidencias colectadas en el marco de dicha investigación, muchas de las cuales son idénticas a las que ya han sido admitidas para ser producidas en el juicio a llevarse a cabo en el marco de la presente causa”.
Federik, por su parte, se apartó argumentando que ya había intervenido como fiscal de Coordinación en la causa Coimas. Al respecto planteó que “de la lectura de la ley procesal surge claro que la previa intervención como funcionaria del Ministerio Público Fiscal, cualquiera que sea la misma, impide cualquier intervención como magistrada en la causa”.
Además, Federik añadió otro motivo para su excusación: su padre, el abogado Julio Federik, ejerce la defensa técnica del imputado Humberto Flores. En ese punto sostuvo que ambas circunstancias impiden su actuación en la presente causa y que por ello resultaba innecesario un nuevo trámite de excusación.
El tribunal conformado por los jueces Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo y Carolina Castagno hizo lugar a las excusaciones de ambos magistrados.
A mediados de septiembre, y por ahora sin fecha cierta para su inicio, debería comenzar el segundo juicio oral contra Sergio Daniel Urribarri en la megacausa de las Coimas, en la que se le reclama una condena de 10 años de prisión. En la investigación también está involucrado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA, junto a varios exfuncionarios del Ejecutivo. Uno de ellos, el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone, logró evitar el juicio mediante un acuerdo abreviado en el que admitió haber cobrado sobornos.
El 1º de agosto el juez de Garantías Julián Vergara elevó la causa a juicio y, a partir de allí, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) —dependiente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ)— comenzó a definir quiénes integrarían el tribunal. La OGA separó, motu proprio, a magistrados que consideró con intervención previa en el expediente y dispuso inicialmente que debían actuar Alejandro Cánepa y María Carolina Castagno, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, y Rubén Chaia, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.
Cánepa se excusó porque había sido fiscal de la causa; Chaia también se apartó, cuestionando que la OGA hubiera excluido magistrados “naturales” sin fundamento, tal como informó Entre Ríos Ahora.
La sucesión de inhibiciones dejó un panorama singular: la OGA entendió que ocho de los nueve integrantes del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná no podían intervenir en el juicio. Entre los primeros excluidos figuró el vocal Santiago Brugo, por haber resuelto apelaciones firmadas por el juez Vergara. También fueron relevados Mauricio Marcelo Mayer, Matilde Federik y Juan Francisco Malvasio, por sus intervenciones previas como juez de Garantías, Fiscal de Coordinación y vocal en un juicio abreviado, respectivamente.
Se sumaron a las exclusiones los vocales Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Rafael Cotorruelo, quienes habían resuelto el 10 de mayo de 2024 el planteo recusatorio relacionado con la intervención de Brugo.
Frente a estas vacantes, la OGA resolvió en primera instancia que el tribunal quedaría integrado por Alejandro Joel Cánepa (Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná), Rubén Alberto Chaia (Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay) y María Carolina Castagno (Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná). Esa integración no prosperó: Chaia se bajó.
Luego se dispuso que el tribunal fuera Gervasio Labriola (primer voto), Matilde Federik (segundo voto) y Carolina Castagno (tercer voto). Pero Federik se inhibió, reiterando que “existe un impedimento legal para intervenir como magistrada en la presente causa, en tanto tal como se señala, intervine anteriormente como parte (…) -Fiscal Coordinadora-, participando en una audiencia y suscribiendo un recurso de queja. De la lectura de la ley procesal surge claro que la previa intervención como funcionaria del Ministerio Público Fiscal, cualquiera que sea la misma, impide cualquier intervención como magistrada en la causa. No se trata de una cuestión sujeta a apreciación -como ocurre con la intervención en instancias previas de la magistratura- por lo que entiendo que debí ser desinsaculada inmediatamente por el organismo administrativo”.
Los fiscales del caso, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, también objetaron la dinámica seguida por la OGA para sacar y poner jueces. En un escrito sostuvieron que “se sigue un camino completamente inverso al que corresponde, asumiendo que los potenciales jueces que han sido excluidos, se encuentran impedidos de actuar para lo cual se relevan anteriores intervenciones que en modo alguno representan un obstáculo para componer el tribunal de juicio o se aduce de manera genérica, sin brindar precisiones al respecto, que el magistrado ha actuado como fiscal. En efecto, cuando decimos que se ha tomado un camino contrario sostenemos que debió integrarse el tribunal desinsaculando a los magistrados Santiago Brugo, Juan Malvasio y Alejandro Cánepa, por surgir de las circunstancias de la causa que han intervenido como juez de apelación, juez de juicio abreviado y fiscal de coordinación, respectivamente, y realizar el correspondiente sorteo con el resto de los potenciales vocales para proceder con la pertinente integración. Una vez conformado el tribunal con aquellos jueces que no han tomado contacto con la prueba admitida, habilitar la respectiva instancia de excusación para que los magistrados seleccionados – en caso de entenderlo así – expongan los motivos por los que consideran que se encuentran impedidos de intervenir”.
La subdirectora de la OGA, María Belén López Vargas, difundió el 2 de septiembre una resolución en la que sostuvo: “Atento al estado de las presentes actuaciones, la excusación formuladapor la vocal N°2 Matilde Federik, y la excusación oportunamente efectuadapor el vocal N° 3 Alejandro Cánepa; corresponde integrar el Tribunal de Juiciopara resolver la incidencia con el vocal N°6 Alejandro Diego Grippo. Ello, conformelo previsto en el Punto II.5.b) del Reglamento para las Oficinas de Gestión de Audiencias de la provincia de Entre Ríos; quedando conformado en el siguiente orden: Gervasio Labriola -primer voto-, Alejandro Grippo -segundo voto-, y Carolina Castagno -tercer voto-“.
Sin embargo, Labriola también se excusó, y el tribunal debió rearmarse nuevamente. Este miércoles la integración quedó conformada por Rafael Martín Cotorruelo, María Carolina Castagno y Alejandro Diego Grippo.
Esa composición, no obstante, podría no ser definitiva, por lo que el inicio del juicio en la megacausa de las Coimas sigue en situación de indefinición.
Fuente: Entre Ríos Ahora.
