Ya pasó el tiempo, no se puede investigar. Así se sintetiza el argumento de la defensa del sacerdote Justo José Ilarraz acusado de abusar sexualmente de menores que iniciaban la carrera religiosa en el Seminario Arquidiocesano de Paraná entre 1984 y 1994. La investigación judicial endilga a Ilarraz el delito previsto en el artículo 125 del Código Penal, bajo el rótulo Promoción a la corrupción de menores agravada, cuya pena máxima prevista es de 10 a 15 años de prisión. Pero para la defensa del cura ese delito ya prescribió, por cuanto han transcurrido más de 20 años entre los hechos y la denuncia que fue realizada en setiembre de 2012 por la revista Análisis.Tras la resolución del juez de Instrucción Alejandro Grippo de rechazar el planteo de prescripción, este jueves el abogado tucumano Jorge Muñoz y el paranaense Juan Ángel Fornerón, que ejercen la defensa de Ilarraz, cuestionaron la argumentación de Grippo para mantener abierto el expediente. “No son delitos contra los derechos humanos”, sintetizaron los letrados, que consideran que se está hablando de abusos y no de delito de lesa humanidad. Si bien Grippo no habló en su fallo de delito de lesa humanidad, los defensores de Ilarraz sí. Una vez más, Fornerón y Muñoz pidieron el sobreseimiento del sacerdote.El fiscal Rafael Cotorruelo refutó los argumentos destacando la tarea del juez de Instrucción, y afirmó que la resolución se ajusta a la actualidad del Derecho Penal. El fiscal sostuvo que “son graves violaciones a los derechos humanos y no delitos de lesa humanidad”. A su vez, el querellante Walter Rolandelli destacó los tratados internaciones que protegen los intereses de los menores. También los querellantes Milton Urrutia y Marcelo Baridón se opusieron al planteo de los defensores. Los jueces que componen la Sala 1 de la Cámara del Crimen, Hugo Daniel Perotti, Miguel Ángel Giorgio y José María Chemez, tienen cinco días que no son perentorios, sino ordenatorios para resolver la apelación. El próximo paso, sea cual fuese la resolución, será ante el Superior Tribunal de Justicia. Por su parte, el abogado Marcos Rodríguez Allende, representante de una de las víctimas junto a Walter Rolandelli, tomó la decisión de apartarse de la causa por “cuestiones personales”. Si bien Rolandelli continuará trabajando en el caso, Allende ya no lo hará. Al parecer, Allende tomó la determinación cuando Jorge Bergoglio asumió como Papa.
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