La Causa Andis registró una novedad explosiva. El juez Sebastián Casanello procesó a 19 exfuncionarios y empresarios, que quedaron formalmente acusados de integrar una asociación ilícita que operaba dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para direccionar compras millonarias de medicamentos e insumos de alto costo. Todo quedó plasmado en una resolución judicial de más de 300 páginas a la que tuvo acceso NOTICIAS.
Los imputados enfrentan cargos por defraudación agravada contra la administración pública, negociaciones incompatibles y cohecho, según el rol que se les atribuye. En el centro del expediente está la gestión del Programa Federal Incluir Salud y, en su marco, las prestaciones PACBI: medicamentos y dispositivos de altísimo costo destinados a personas con discapacidad, a madres de siete hijos y a mayores de 70 años en situación de pobreza, todos sin otra cobertura médica.
Según la reconstrucción judicial, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la ANDIS funcionó como una “ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados”. El esquema consistía en convocar compulsas “especiales”, paralelas a los mecanismos ordinarios de contratación, e invitar de manera sistemática a un grupo reducido de droguerías: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.
En 21 contrataciones “acotadas” analizadas por el juez se emitieron órdenes de compra por más de 30.300 millones de pesos. Más del 93% de ese total fue adjudicado a dos de las cuatro empresas mencionadas. En una muestra de 11 medicamentos de alta complejidad, el sobreprecio calculado asciende a casi 6.000 millones de pesos.
Protagonistas. En la cúspide de la estructura, el juez ubicó a cuatro presuntos jefes de la asociación ilícita: Diego Spagnuolo, entonces titular de la ANDIS; Daniel Garbellini, su segundo; y los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Según el fallo, coordinaban el direccionamiento de las compras y el circuito de pagos.
Por debajo aparecen funcionarios de segunda línea —entre ellos Diego D’Giano, Roger Grant, Lorena Di Giorno y otros— que, siempre según la resolución, ejecutaban las decisiones administrativas necesarias para concretar las contrataciones. También fueron procesados dueños y socios de las droguerías beneficiadas.
El procesamiento no incluyó prisión preventiva, pero sí embargos que, en el caso de los cuatro señalados como organizadores, superan los 200 mil millones de pesos cada uno. Esa cifra busca cubrir el presunto daño, multas y eventuales decomisos.
La causa se inició el 20 de agosto de 2025 a partir de una denuncia que citaba audios y publicaciones periodísticas sobre supuestos pagos indebidos y porcentajes destinados a figuras políticas. A partir de allí el fiscal impulsó allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes contables y extracción forense de dispositivos electrónicos.
El expediente reúne mensajes recuperados, transferencias bancarias, pagos en efectivo y gastos en especie que, para el juez, no se corresponden con los ingresos formales de algunos imputados. Esa acumulación probatoria es la base sobre la que se dictaron los procesamientos.
Los hechos investigados se concentran, además de en la estructura de la ANDIS y el Programa Incluir Salud, en el sistema informático SIIPFIS, que aparece en la causa como la herramienta central para canalizar las compulsas especiales y al que tenían acceso los investigados.
En paralelo, el Poder Ejecutivo modificó la estructura institucional: la ANDIS perdió autarquía y fue transformada en secretaría bajo el Ministerio de Salud. No forma parte de la acusación penal, pero sí del contexto en el que se dictan estos procesamientos. El Gobierno, mientras se desarrollaba la investigación, intentó diluir la autonomía de la ANDIS.
Futuro. Las defensas discutirán la existencia de la asociación ilícita, el cálculo de los sobreprecios y la validez de parte de la prueba digital, en especial los audios que dieron origen al expediente. También podría ampliarse la investigación por las menciones a otras figuras políticas que surgieron al principio de la pesquisa, como Martín Menem, “Lule” Menem y Karina Milei, aunque por ahora esos funcionarios no están imputados, pese a que el caso captó atención pública por la mención de un 3% de sobreprecios que habría ido para la hermana del presidente.
El expediente registró una novedad adicional: Casanello era el juez subrogante y su subrogancia terminó esta semana. El caso ahora pasará a manos de Ariel Lijo. El cambio no es menor. Lijo no solo tiene una trayectoria propia en Comodoro Py, vínculos consolidados con la política y tiempos procesales distintos; fue además el candidato del Gobierno a la Corte Suprema y este expediente es sensible. Será quien deba resolver las apelaciones, confirmar o revisar procesamientos y decidir si la causa avanza a juicio oral. En tribunales ya leen el movimiento como algo más que un trámite administrativo y se preguntan: ¿cómo quedó el vínculo con el Gobierno luego de la frustrada nominación a la Corte?
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