Causa Cuadernos: también los empresarios involucraron a Cristina Kirchner en un circuito de aprietes y las coimas millonarias

El juicio de los Cuadernos de las Coimas tiene en el banquillo de los acusados a 60 empresarios. Un hecho histórico. Muchos de ellos no sólo están siendo parte del debate acusados del pago de sobornos, sino que también en un doble rol: el de imputados colaboradores (arrepentidos). Y entre las confesiones que se leyeron en la última audiencia del juicio oral y público, se escucharon sus referencias directas hacia Cristina Kirchner, como conocedora del circuito de coimas. “Nos extorsionaban, nos asfixiaban”, señalaron algunos. Otros dieron cuenta del rol de José López y Julio De Vido con el “aval de la presidenta”. La Justicia Federal, además, sostiene que la expresidenta fue la destinataria final de los fondos ilegales.

Los dichos de los empresarios se suman a la línea que ya trazaron otros involucrados centrales del caso, como el exchofer Oscar Centeno (autor de los cuadernos) y exfuncionarios como el mencionado López (exsecretario de Obras Públicas) y Claudio Uberti (a cargo de las concesiones viales).

Para la Justicia, según confirmaron los magistrados de tres instancias, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner existió una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal para el cobro sistemático de sobornos, que eran pagados por empresarios contratistas del Estado vinculados a diversos rubros.

La elevación a juicio que comenzó a escucharse desde el jueves 6, cuando se dio inicio al debate oral y público, a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), sostiene que el caso de los cuadernos, se trató de “la principal organización criminal” de las últimas dos décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.

En toda la investigación hay 26 calificaciones jurídicas, respecto al rol ocupado por cada uno de los acusados. Pero también, se señaló la totalidad de hechos investigados, que ascienden a 540.

Se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.

Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que Cristina Kirchner está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas sistemáticamente.

El sistema funcionó con la “participación indispensable” de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho. Algunos de ellos lograron dejar atrás esta figura y pasaron al fuero electoral a cargo de María Servini para que los pagos realizados sean analizados como posibles aportes de campaña.

Pero durante la tercera audiencia se comenzó a dar lectura al capítulo seis del requerimiento de elevación a juicio: los aportes de los imputados colaboradores. La acusación de la fiscalía sostiene: “Los aportes brindados por los distintos imputados que declararon en los términos de la Ley 27.304 han sido una parte fundamental para el esclarecimiento de los hechos investigados”. Cristina y su defensa argumenta que estos “arrepentidos” fueron extorsionados para supuestamente falsear sus declaraciones.

Son en total 25 los imputados colaboradores que comparecen en este juicio. Parte de la lectura que escuchó la expresidenta el jueves pasado, la referenciaron bajo dos premisas: conocía lo que ocurría desde el extinto Ministerio de Planificación (a cargo de De Vido); y, en segundo término, era quien mandaba a funcionarios como López, responsable de recaudar coimas.

Los empresarios fueron un eslabón clave en la maniobra: sin sus pagos, no se habría completado el circuito. Algunos de ellos, bajo la figura del arrepentido, admitieron el delito atribuido y brindaron más detalles respecto a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

“En enero de 2011 (después de la muerte de Kirchner), me llama la presidenta al despacho en Olivos en el sector de la jefatura de gabinete, y me dice: ‘Podés ser parte del problema o de la solución”, había confesado López y parte de sus aportes fueron leídos ante la presencia de la ex mandataria y de los demás 85 imputados.

Durante el encuentro, según aseveró el ex funcionario, “a Cristina le conté todo, que había un sistema de recaudación con las obras viales, le conté el mecanismo que en el resto de los sectores del ministerio lo conocía…Esa reunión duró una hora aproximadamente. No me dio ninguna instrucción en esa reunión (…) Según tengo conocimiento, la operatoria de recaudación se detuvo por lo menos en cuanto a lo que a mí respecta”. Pero eso duró sólo hasta junio de 2011, cuando De Vido le ordenó que reanude sus tareas como recaudador de coimas. José López sostuvo ante el fiscal Carlos Stornelli, que esa orden provino de Cristina.

Esta confesión tuvo su correlato en las palabras de un empresario, Francisco Valenti, de IMPSA. “Voy a referirme a lo ocurrido entre los años 2006 y 2014, es decir hasta que la compañía entró en default, en cesación de pagos, en el segundo semestre de 2014. En ese período la compañía ha sido sometida a presiones, un plan sistemático destinado a apropiarse de parte del paquete accionario de la empresa a través de la incorporación de un socio, una suerte de testaferro”, explicó al inicio de su confesión como arrepentido.

Según lo leído la última semana, y que se incorporó en 2018 a la causa, como la empresa se negó al pedido de De Vido de sumar un socio que era visto como un testaferro, el gobierno de Cristina tomó represalias. “Las licitaciones que ganó IMPSA le fueron arrebatadas y que otras directamente no pudiéramos ganarlas cuando estábamos en condiciones para hacerlo. De hecho, menos del 2% del total licitado en obras durante el gobierno kirchnerista le fueron asignadas a IMPSA”.

La colaboración ante la justicia de Valenti se concentró en una obra en particular: las represas sobre el Río Santa Cruz licitadas y relicitadas por Cristina Kirchner.

“IMPSA participó tres veces en las licitaciones de las represas del Sur. Una inversión del orden de los 5.000 millones de dólares. IMPSA ganó la primera licitación del año 2008, que fue cancelada en 2009, y vuelta a licitar en 2010. Re-licitada en febrero de ese año, la volvimos a ganar y el contrato se firma en noviembre de 2010. Diecisiete meses después, en abril de 2012, José López nos llama a una reunión en el Ministerio de Planificación para decirnos que se iba a dar de baja el contrato”, se indicó.

Al avanzar en la lectura de la confesión como imputado colaborador del empresario, se escuchó: “Hubo una segunda reunión, también en el mes de abril de 2012, en la cual ante mi insistencia para que no se dé de baja el proyecto, José López me dijo: ‘Mirá, ustedes hagan lo que quieran, pero acá o a la vuelta de la esquina, los vamos a hacer sonar’. Para mi José López no podía tomar la decisión de cancelar la licitación por sí mismo, sino que era evidente que lo respaldaba la Presidenta. Como quedó evidenciado meses después cuando la Presidenta hizo el anuncio de la licitación, la tercera, que dio como resultado que quedara en manos de Electroingeniería (de Gerardo Ferreyra)”.

Después de explicitar una serie de contratos de los que fueron apartados, Francisco Valenti le dijo a la justicia: “Todos estos ejemplos que menciono, reflejan una relación inviable con el Ministro De Vido, su Secretario Baratta y con la Presidenta Cristina Fernández. De todos estos proyectos hidroeléctricos no ganamos ninguno, siendo que somos la única empresa que tenemos la expertis hidroeléctrica. Durante el gobierno de los Kirchner sólo obtuvimos dos contratos, del área nuclear”.

Sin posibilidades de obtener contratos en Argentina comienzan a licitar en la región, y avanzan con un proyecto en Venezuela. El empresario habló de “una maniobra de asfixia financiera a la empresa a través de la interferencia en el curso de los pagos de la licitación del proyecto de Macagua que debíamos recibir del Gobierno de Venezuela (…) Interfirieron en los pagos, nos demostraron su poder, los retrasaron en algunos casos entre 120 y 300 días. Esa interferencia se materializaba exponiendo la estrecha relación que tenía Cristina Fernández con Hugo Chávez”.

Enrique Pescarmona, recientemente sobreseído en el caso por temas de salud, contó en su momento que De Vido se reunió con él y le dijo: “‘Vengo con un mensaje de la corona, o te asociás o te asociás’. Estaba presente mi otro hijo, de nombre Luis. Con esa extorsión que nos hacían me hizo acordar a la extorsión del secuestro que sufrí en el año 1985”. Como se mantuvieron en la decisión de no asociarse, comenzó la debacle de la compañía.

Así lo contó: “No ganábamos ninguna, pese a tener la mejor tecnología y haber presentado las mejores ofertas. Las obras de Yacyretá se las dieron a los alemanes a precios exorbitantes. Hacían lo que querían con las licitaciones”. Y continuó con su relato: “El que nos paraba los pagos era el Sr. De Vido”.

Pescarmona habló con Valenti y coincidieron en sostener: “Nos están chantajeando, nos están asfixiando, y nos preguntábamos que hacer. Baratta nos chantajeaba diciendo que si no les pagábamos no íbamos a cobrar en Venezuela, decía que está atrás la Sra. Kirchner. La presión era sobre Valenti y éste me lo transmitía. Entonces accedí, por lo cual yo asumo la responsabilidad de los pagos que efectuó Valenti. Le dije que usara la plata que yo tenía en la caja fuerte”.

Otra de las confesiones que fueron incorporadas a la causa y que se refería al tridente Cristina, De Vido y José López, fue la de Juan Chediack, quien murió hace dos años en un accidente aéreo.

¿Qué reveló el empresario? Tuvo una reunión con Ernesto Clarens, “que se presentó como el financista de los Kirchner y dio instrucciones muy precisas. En esa ocasión Clarens nos dijo: ‘Si quieren trabajar van a tener que pagar’. Acá se es amigo o se es enemigo, no hay estados neutros, me van a tener que pagar a mí”.

Según consta en su aporte como imputado colaborador, “a Clarens le pagué entre tres a cinco veces por año. El último pago debe haber sido a principios del año 2015. Quiero agregar que yo tengo adjudicaciones de obra que tardaron un año en otorgármelas, me molestaron siempre, me consideraban su enemigo dado que no me amoldaba al esquema que imponían…”.-

Al avanzar en su relato, sumó: “Quiero agregar que José López (…) tomó una significación mayor con la muerte de Néstor Kirchner porque a partir de allí él se jactaba que hablaba directamente con Cristina, lo decía en reuniones con empresarios”.

Después consignó: “A todos nos quedaba claro que José López ganó a partir de la muerte de Néstor más vuelo, Cristina comenzó a apoyarse en él. El triángulo empezaba a ser Cristina, López, Clarens. El mismo Julio De Vido se sentía desplazado por esto, me dijo en una reunión: ‘No me vengan con esos temas, esos temas los maneja José, él tiene contacto directo con la presidente. López tenía listas con las empresas que no podían trabajar y tenia listas con prioridades de pago de la Dirección Nacional de Vialidad”.

Esto último se condice con lo que contó ante la justicia el exsecretario de Obras Públicas: le llevaba un listado de empresas a Cristina Kirchner y era ella quien le marcaba las empresas que debían priorizarse a la hora de los pagos: Austral Construcciones (Lázaro Báez), CPC SA (Cristóbal López), JCR ( Relats) y Electroingeniería (Ferreyra).

Por su lado, Juan Carlos De Goycochea, que presidía Isolux Corsán, la firma que debía construir la Usina Térmica de Río Turbio, contó según la lectura que se dio el jueves pasado en el juicio, que “durante 2009 – 2014 (gobiernos de Cristina Kirchner) Baratta me hizo el pedido de dinero para la ‘campaña electoral’. En todo momento lo tomé como un eufemismo, y que en realidad lo que estaba reclamando era el pago de un ‘retorno’, ‘coima’, ‘soborno’ o cómo quiera llamárselo”.

Al confesar el pago de sobornos, añadió: “Otra cuestión irregular con el gobierno (de Cristina Kirchner) fue la imposición para la contratación de determinados proveedores que nos indicaba Baratta”.

Una expresión se repite como un hilo conductor en las confesiones de algunos empresarios: la presión, la extorsión para que paguen. Durante el período 2013-2015, último tramo del segundo gobierno de Cristina, según contó Ángelo Calcaterra -primo de Mauricio Macri-, Roberto Baratta “comenzó a presionarme para eso y fue así que terminamos poniendo plata en momentos de campaña electoral, porque la presión de Baratta era mucha. Las entregas de dinero que se me identificaron durante los años 2013 y 2015, corresponde a años electorales”.

Aldo Benito Roggio fue otro de los empresarios que brindaron colaboración a la justicia con sus confesiones. Se refirió a las “exigencias” y presiones del gobierno kirchnerista para que pague. “Nunca pretendí torcer la voluntad de algún funcionario público ni los requerimientos que sufrí se vinculaban con la actividad funcional. Desde mi función como presidente de BRH siempre obré con cautela y prudencia frente a una gestión de gobierno de neto corte autoritario (que además nunca consideró debidamente a la empresa pese a su trayectoria y antecedentes) obviando asumir riesgos empresarios que pudieran comprometer la normal actividad de la compañía”.

La renegociación de la Hidrovía se vio envuelta en este circuito. Benjamín Romero dijo: “El día antes de que se firme el Decreto 113/2010 que aprobaba la renegociación del plazo de la hidrovia que fue publicado el 21 de enero de 2010, Roberto Baratta se comunicó telefónicamente y dijo que si no entregábamos dinero no salía firmado el decreto”. Contó que, además, le pagaba a Ricardo Jaime “y él decía, esto es para arriba”, en referencia a sus jefes. ¿Los Kirchner?