Más de 30 imputados en la causa Cuadernos se presentaron este viernes ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) con propuestas de reparación económica para evitar el juicio, previsto para el 6 de noviembre. El debate promete ser de una magnitud inédita, con más de 600 testigos y audiencias semanales que podrían prolongarse durante años.
Entre los empresarios que formularon ofrecimientos, aparece Sergio Taselli, quien propuso pagar 14.660.000 de pesos, el aporte más bajo de la lista. Taselli carga con un fuerte antecedente en Entre Ríos: en los años ‘90 se hizo cargo del frigorífico de Santa Elena, cuya posterior quiebra provocó una profunda crisis en la ciudad y dejó a cientos de trabajadores sin empleo, un episodio que todavía hoy genera rechazo en la provincia.
El resto de los ofrecimientos incluye cifras mucho más elevadas, como:
Julio Paolini: $826 millones
Miguel Ángel Marconi: $507 millones
Enrique Pescarmona: $510 millones
Claudio Glazman: $306 millones
Walter Fagyas: $205 millones
Alberto Padoan: $100 millones
Roberto Orazi: $136 millones
Juan Manuel Abal Medina: $60 millones
Ernesto Clarens: un barco y un departamento en EE.UU. valuado en USD 1,5 millones
También se presentaron Benjamín Romero, Hugo Dragonetti, Armando Loson, Rubén Valente, los hermanos Juan Carlos y César De Goycochea, Mario Maxil, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Santiago Altieri y Fabián Ezequiel García Ramón, entre otros.
La reparación del daño, prevista en el Código Penal, permite extinguir la acción penal mediante el pago de un monto equivalente al perjuicio causado, sin que sea necesario admitir culpabilidad. Si los jueces aceptan los ofrecimientos, los imputados quedarían sobreseídos.
La fiscal Fabiana León rechazó de plano las propuestas y advirtió que “no se vende impunidad”. Aunque su dictamen no es vinculante, el TOF 7 será el encargado de resolver.
El origen de la causa
La investigación se inició a partir de los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Planificación durante la gestión de Julio de Vido. Allí se registraron viajes y presuntos pagos ilegales de empresarios a funcionarios.
Según la instrucción, al menos 16 personas participaron en operaciones que involucraron unos USD 70 millones, canalizados en parte a través de empresas offshore para la compra de bienes inmuebles en Argentina, Miami y el Caribe. Parte de esos activos fueron recuperados por el Estado.
