La Cámara de Casación Penal de Paraná resolvió declarar mal concedidos los recursos presentados por las defensas de los imputados en la causa conocida como de los contratos truchos legislativos. Por esa decisión, el expediente vuelve al Juzgado de Garantías para retomar la audiencia de remisión a juicio del que se considera el mayor desfalco a la administración pública registrado en la provincia.
Los recursos de casación, que habían sido previamente admitidos por la vocal de Juicio y Apelaciones Carolina Castagno, se dirigían contra una resolución de la misma jueza. En ellos, las defensas de los numerosos imputados solicitaban la revisión de decisiones tomadas por la jueza Marina Bargabelatta: pidieron “exclusiones probatorias, nulidad del requerimiento de remisión a juicio, nulidad de acusación, pedidos de subsanación de defectos de la acusación; amén de pedidos de sobreseimiento instados en consecuencia”, según consta en la resolución a la que accedió ANÁLISIS.
Las defensas sostuvieron que esos rechazos lesionaban o restringían derechos fundamentales, por vicios que configuraban “vulneración de garantías constitucionales y convencionales de los imputados, tales como la defensa en juicio y debido proceso”.
La Cámara de Casación, integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel, consideró que no existía un gravamen irreparable que justificara el tratamiento de esos planteos en esta instancia judicial. El tribunal entendió que las cuestiones planteadas son “incidencias propias de la etapa intermedia”, cuya finalidad es el control del mérito de la acusación y la depuración de los elementos de convicción antes del juicio, y añadió que cualquier perjuicio alegado aún puede repararse en la instancia del debate.
Los camaristas subrayaron además que el sistema recursivo permite aplicar el doble conforme, una garantía destinada a reducir las posibilidades de error, y señalaron que la decisión ya había sido confirmada en dos momentos previos: por la jueza de Garantías y por la vocal de Apelación. El Tribunal recordó que los procesos acusatorios modernos exigen que la discusión sobre la admisibilidad de la prueba se plantee a más tardar en la audiencia de remisión a juicio, con el objetivo de lograr “la preparación de un juicio limpio y ágil”.
En ese marco, la Cámara concluyó que “no advirtiéndose la existencia de elementos con tal entidad que ameriten el adelantamiento de la jurisdicción casatoria a una resolución no definitiva”, corresponde “declarar mal concedidos los recursos de casación”.
Tras numerosas dilaciones por recursos presentados por las defensas en esta etapa de remisión a juicio —que comenzó en abril y cuya conclusión se esperaba en septiembre— el expediente regresará ahora al Juzgado de Garantías para proseguir con las audiencias y definir si el caso llegará finalmente a juicio oral.
Detalles de la investigación y una instancia truncada
La causa investiga una estafa al Estado provincial estimada en unos 53 millones de dólares, ocurrida entre 2008 y 2018. Según la investigación fiscal, las maniobras se concretaron mediante “contratos truchos” legislativos, en las que habrían intervenido funcionarios públicos, empleados jerárquicos de ambas cámaras legislativas, dos estudios contables y ciudadanos ajenos a la estructura estatal que se encargaban de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otras acciones. Se presume que los fondos sustraídos se destinaron a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
La instancia de elevación a juicio se inició en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, tras una investigación que duró tres años. Los fiscales a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
Entre los abogados defensores figuran Damián Petenatti e Iván Vernengo, que representan a Alfredo Bilbao; José Velázquez, defensor de Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; y Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos en representación de Jorge De Breuil. Cullen también defiende a Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados iniciales quedaron 18: 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. Además de los ya mencionados Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuil, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril, accedieron a probation María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
