La vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Carolina Castagno, admitió y rechazó diferentes argumentos presentados por los defensores en el marco de la causa conocida como “contratos truchos” de la Legislatura.
La audiencia se llevó a cabo el viernes pasado, iniciando antes del mediodía y extendiéndose hasta la tarde. Castagno leyó una resolución detallada que analiza cada uno de los planteos de los abogados defensores. Estos, a su vez, impugnaron, mediante varios recursos, dos resoluciones emitidas por la jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata.
En su resolución, Castagno hizo hincapié en la naturaleza apresurada de algunos de estos planteos. Algunos imputados, a través de sus abogados, expresaron su descontento por la falta de admisión de pruebas, que aún no habían sido presentadas dentro del legajo.
“Es comprensible la metodología utilizada por la jueza de Garantías para llevar a cabo esta audiencia de etapa intermedia, dado la complejidad de la causa y las pruebas involucradas. No obstante, es vital recordar que el proceso todavía no se ha agotado en esta fase, y ni siquiera se ha llegado a la admisión de pruebas. Por lo tanto, decisiones apresuradas podrían entorpecer el normal avance del proceso”, reflexionó Castagno.
Asimismo, agregó que “se han presentado ya tres quejas, y esto genera procesos que prolongan el trámite, ya que se discuten pruebas que aún no se sabe si serán admitidas para el juicio. Esto ralentiza un proceso que se aproxima a cumplir siete años”. Por ello, sugirió que en el futuro se eviten decisiones impulsivas y se permita agotar la instancia.
En cuanto a los recursos, Castagno desestimó los de apelación interpuestos contra la resolución de Barbagelata del 9 de junio de 2025, que habían sido presentados por los defensores de Flavia Marcela Beckmann, Hugo Rubén Mena, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, y los imputados Gustavo Hernán Pérez, Pedro Eduardo Opromolla, entre otros.
Los abogados habían solicitado exclusiones probatorias, pero Castagno confirmó la decisión de Barbagelata. También rechazó recursos de apelación presentados contra una resolución del 30 de junio de 2025 que desestimaba la declaración de nulidad del requerimiento de remisión a juicio.
En una parcial admisión, Castagno aceptó un recurso de apelación de Tomás Vírgala, al señalar que la jueza omitió resolver un pedido de sobreseimiento a favor de su defendido. Además, rebatió los recursos de apelación presentados por Emilio y Germán Fouces.
Castagno admitió parcialmente un recurso de Miguel Cullen en relación a la resolución que descartaba el pedido de nulidad de la acusación, revocando la decisión respecto a algunos imputados y ordenando que el caso se remita nuevamente para un control más exhaustivo de la acusación.
También se hizo eco de un recurso presentado por la defensora Victoria Halle, permitiendo un nuevo análisis sobre la existencia de causa probable en relación a sus defendidos.
En cuanto a detalles de la investigación, la causa investiga una presunta estafa al Estado provincial que asciende a unos 53 millones de dólares entre 2008 y 2018. Las investigaciones revelan que se llevaron a cabo “contratos truchos” legislativos, con la intervención de varios funcionarios públicos y contables. Todo indicaría que los fondos sustraídos fueron a parar a inversiones privadas.
El proceso de elevación a juicio comenzó en abril y quedó suspendido en julio. El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación en 2021, tras una investigación de tres años que involucra a varios fiscales y abogados representando a los imputados.
De los 32 imputados iniciales, quedan 18 tras suspensiones de juicio a prueba y un juicio abreviado. Los involucrados en la causa continúan en un proceso judicial que ha extendido su tiempo considerablemente.
