Según informaron, las audiencias están programadas para el martes 12 y miércoles 13 a las 9. Durante estas, se revisarán los reclamos de los defensores de 12 de los 18 imputados, quienes cuestionan la decisión de la jueza Marina Barbagelata de no conceder apelaciones sobre resoluciones clave adoptadas en la audiencia del 30 de junio.
Los puntos objetados incluyen: el rechazo a pedidos de sobreseimiento, planteamientos por inexistencia de causa probable, solicitudes de cambio de calificación legal, y la decisión de postergar la consideración de excepciones como la falta de legitimación y la prescripción.
Por el momento, la remisión a juicio está suspendida desde el 21 de julio tras los planteos que ahora han sido formalmente admitidos.
Los recursos fueron impulsados por un extenso grupo de abogados: Emilio y Germán Fouces, en defensa de Sergio Cardoso, Jorge Lázaro y José Schneider; Victoria Halle, por Mariano Speroni y Diego Pagnoni; Tomás Vírgala, por Roberto Faure; Miguel Ángel Cullen, por Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Maximiliano Degani y Pedro Opromolla; Iván Vernengo y Damián Petenatti, por Alfredo Bilbao; y Pablo Hawlena Gianotti junto a Cullen, por Jorge Enrique De Breuil.
De los 32 imputados originales, solo 18 permanecen en el expediente. Doce de ellos accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo aceptó un juicio abreviado, y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. Además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuil, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.
A mediados de abril, obtuvieron probation María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares, así como Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Según la investigación fiscal, el dinero sustraído a través de “contratos truchos” fue redirigido a inversiones privadas, principalmente en los sectores inmobiliario y agropecuario. Las maniobras habrían involucrado a funcionarios públicos, empleados jerárquicos de ambas cámaras legislativas, dos estudios contables y ciudadanos ajenos a la estructura estatal, quienes se encargaban de buscar prestanombres, falsificar firmas y endosar cheques.
