El juez de Garantías Julián Vergara determinó el 1° de agosto que la causa conocida como “Coimas”, que involucra al exgobernador Sergio Urribarri y a varios exfuncionarios de su administración, avance hacia juicio oral. En esta investigación, la Fiscalía ha solicitado penas de hasta 10 años de prisión para Urribarri y 9 años para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, mientras que se han propuesto diversas sanciones para otros involucrados, como los exfuncionarios Luis Alfonso Erbes, Carlos Haidar y Miguel Ángel Ulrich.
La causa se centra en las presuntas dádivas y sobornos que Cardona Herreros, un empresario con estrechos lazos con el gobierno provincial, habría entregado a funcionarios de la gestión de Urribarri. Según los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, estos pagos irregulares se realizaron en el marco de contratos entre el Estado provincial y las empresas de Cardona Herreros, Relevamientos Catastrales y Relcat.
En las audiencias previas al juicio, salieron a la luz escandalosos detalles, como los viajes de lujo que el empresario costeó para Urribarri y su familia, algunos de los cuales incluyeron a amigos cercanos del exgobernador. Además, la Fiscalía reveló supuestas manipulaciones de contratos y pagos ficticios destinados a desviar fondos públicos hacia cuentas privadas.
Urribarri enfrenta acusaciones de haber favorecido de manera ilícita a la empresa Relevamientos Catastrales SA, dirigida por Cardona Herreros, tanto durante su gestión como ministro de Gobierno como luego en su rol de gobernador, desde enero de 2007. Se alega que el objetivo era obtener ganancias ilícitas a través de la contratación de la empresa para desarrollar e implementar software en la Administración Pública Provincial. Es relevante recordar que el exmandatario fue condenado en 2022 a ocho años de prisión en el marco del Megajuicio, donde se enfrenta a un pedido de 10 años por corrupción.
La acusación también menciona la participación de varios funcionarios, entre ellos Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director general de Ajustes y Liquidaciones; el fallecido José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; Humberto Flores, secretario de Hacienda; y Guillermo Smaldone, exencargado de Trabajo y extitular del Tribunal de Cuentas. Este último firmó recientemente un acuerdo procesal, reconociendo haber recibido coimas y aceptando una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, así como el pago de una multa de 90 mil pesos y 96 horas de trabajo comunitario.
Además, a Urribarri y a Haidar se les imputa la falsificación de fechas en documentos administrativos mediante una “adenda”. Esto permitió que una prórroga de ocho meses se registrara desde diciembre de 2009, cuando en realidad comenzó en enero de 2010, facilitando así que la empresa y los funcionarios obtuvieran beneficios sin contraprestación. La investigación penal también involucra a otros exfuncionarios del gobierno de Urribarri. Para Luis Alfonso Erbes, la Fiscalía ha pedido 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua y una multa de 360 mil pesos; para Carlos Haidar, 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de 540 mil pesos; para Miguel Ángel Ulrich, 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de 360 mil pesos; y para José Humberto Flores, 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de 90 mil pesos.
