No se tiene claro cuándo comenzará el segundo juicio oral contra el exgobernador Sergio Daniel Urribarri en el marco de la megacausa de las Coimas, que lo enfrenta a un pedido de condena de 10 años de prisión. Entre los implicados en esta investigación se encuentra el empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de la firma Relevamientos Catastrales SA, junto a varios exfuncionarios del Ejecutivo, entre ellos el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, quien logró evitar mayores consecuencias al aceptar en un juicio abreviado haber recibido sobornos.
El 1 de agosto, el juez de Garantías, Julián Vergara, remitió la causa a juicio. A partir de entonces, se estableció el tribunal colegiado que juzgará nuevamente a Urribarri, quien ya había sido condenado a 8 años de cárcel en un juicio anterior.
La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), organismo administrativo que depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), decidió separar a ciertos magistrados que, a su juicio, debían inhibirse por haber tenido intervención previa en el caso. Así, se determinó que el tribunal estaría compuesto por Alejandro Cánepa y María Carolina Castagno, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, y Rubén Chaia, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Uruguay.
No obstante, Cánepa se excusó al haber sido fiscal del caso, y Chaia también se retiró, argumentando que la OGA había seguido un proceso de exclusión de magistrados “naturales” sin justificación, tal como lo informó el medio Entre Ríos Ahora.
Esta serie de recusaciones había generado una situación inusual: ocho de los nueve miembros del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná quedaron imposibilitados de participar en el juicio de la megacausa Coimas, según la decisión de la OGA.
El primer magistrado excluido fue Santiago Brugo, quien había resuelto las apelaciones relacionadas con las decisiones del juez Vergara. También quedaron fuera sus colegas Mauricio Marcelo Mayer, Matilde Federik y Juan Francisco Malvasio, quienes habían intervenido como juez de Garantías, Fiscal de Coordinación y vocal de juicio abreviado, respectivamente.
Asimismo, se retiraron Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Rafael Cotorruelo, quienes se habían ocupado de resolver un planteo recusatorio relacionado con Brugo.
Finalmente, la Oficina de Gestión de Audiencias dispuso que el tribunal estuviera conformado por Alejandro Joel Cánepa, Rubén Alberto Chaia y María Carolina Castagno. Sin embargo, la renuncia de Chaia llevó a una nueva reconfiguración: Gervasio Labriola (primer voto), Matilde Federik (segundo voto) y Carolina Castagno (tercer voto) quedarían a cargo del juicio.
Una vez más, la situación cambió. La jueza Federik se inhibió, argumentando que había un impedimento legal para intervenir en la causa, ya que había participado previamente como parte del Ministerio Público Fiscal. En su opinión, cualquier intervención anterior como funcionaria impedía su actuación como magistrada, lo que no era objeto de apreciación, refiriéndose a la necesidad de su exclusión inmediata.
Los fiscales del caso, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, también criticaron la decisión de la OGA de cambiar jueces sin justificación. En un documento, señalaron que se estaba siguiendo un camino equivocado, ya que los jueces excluidos no tenían impedimentos para participar. Proponían, en cambio, que el tribunal se integrara desinsaculando a los magistrados que efectivamente habían intervenido en el proceso y realizando el correspondiente sorteo con los demás potenciales vocales.
El 2 de octubre, la subdirectora de la OGA, María Belén López Vargas, emitió una resolución en la que informaba que, dada la excusación de la vocal Matilde Federik y la de Alejandro Cánepa, se debía integrar el tribunal con el vocal Alejandro Diego Grippo. De este modo, el equipo jurado quedó conformado por Gervasio Labriola (primer voto), Alejandro Grippo (segundo voto) y Carolina Castagno (tercer voto).
