El ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, procesado y con prisión preventiva domiciliaria por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la capital entrerriana, realizó una presentación para que el juicio por la causa Área Paraná se haga en forma pública, a pesar de que hasta ahora se viene realizando a puertas cerradas por pedido de los propios represores.Los querellantes, que siempre promovieron el juicio oral y público, entienden que se trata de una nueva maniobra de los imputados para ocupar a la Justicia en cuestiones secundarias y dilatar el enjuiciamiento de las graves violaciones a los derechos humanos.CódigosLa investigación de los crímenes de la dictadura en el Área Paraná estuvo paralizada desde 1987 por la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Una vez declarada la nulidad de las normas y de los indultos del ex presidente Carlos Menem, la reapertura de la causa se frenó por recursos sobre el procedimiento aplicable. Los imputados pretendían ser juzgados por el viejo Código de Procedimiento en Materia Penal, aprobado por la Ley Nº 2.372 del 4 de octubre de 1888 y todavía vigente durante la dictadura; mientras que los querellantes pugnaban por la aplicación del nuevo Código de la Ley Nº 23.984. La controversia llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dio curso al pedido de los represores. Los organismos de derechos humanos repudiaron la medida por considerar que posibilitó un proceso secreto y arcaico.Días pasados, Díaz Bessone decidió retomar la estrategia de la dilación a pesar de que con ella se contradecía con sus anteriores reclamos judiciales, y pidió que se lo juzgue por el procedimiento nuevo. “El código viejo se aplica exclusivamente por pedido de Díaz Bessone y el resto de los imputados. Llegamos hasta la Corte y una vez que quedó firme la resolución la hemos acatado”, dijo a Marina Barbagelata, abogada del Registro Único de la Verdad y representante de un grupo de querellantes. “Frente al pedido concreto, lo que decimos es que siempre estamos dispuestos al código nuevo, porque presta un mejor servicio de justicia, tanto para la víctimas como para la ciudadanía, ya que al ser público permite un mejor control; pero hasta tanto todos los imputados hagan la opción por el nuevo código, el tema no debe ser tratado”, afirmó Barbagelata. Para la abogada, los represores “quieren ocupar al juez en cuestiones secundarias, provocar actividad judicial en pedidos que generen dilataciones en la cuestión trascendente”. (Fuente: Diario Uno)
