La Fundación CAUCE presentó el 6 de noviembre un nuevo amparo por acceso a la información pública, tras no recibir en tiempo y forma la respuesta a una solicitud ingresada el 19 de septiembre. El pedido apuntaba a obtener datos considerados clave para evaluar la ampliación de la navegabilidad del río Uruguay, en el marco de los avances de la segunda etapa del Plan de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande.
La organización requirió tres conjuntos de información: los proyectos de ampliación de la navegabilidad del río Uruguay, tanto aguas arriba como aguas abajo de la represa; el proyecto de finalización de la esclusa de navegación conocida como Ayuí u otras alternativas previstas; y los estudios de impacto socioambiental asociados a esas obras, incluyendo las fuentes de financiamiento y los mecanismos que garantizarán la participación ciudadana.
Según detalló CAUCE, el pedido no se refiere a información pública genérica, sino a información ambiental, una categoría que tiene un régimen jurídico específico. La entidad señaló que este tipo de solicitudes no se rige por la Ley provincial 11.191, recientemente sancionada, sino por la normativa nacional de presupuestos mínimos y la Ley General del Ambiente, que establecen criterios uniformes para todo el país.
En esa línea, la fundación recordó que los estándares del Acuerdo de Escazú son de aplicación obligatoria para los distintos niveles del Estado, especialmente en lo relativo al acceso a la información ambiental, la participación pública y la transparencia en proyectos que pueden afectar el ambiente o el desarrollo sostenible.
CAUCE también citó precedentes de la Justicia entrerriana que avalan el uso del amparo como vía rápida ante la falta de respuesta estatal en materia de información ambiental. Entre esos antecedentes, destacó fallos que impiden a los organismos públicos eludir la entrega de datos mediante invocaciones genéricas de confidencialidad y que obligan, en caso de información sensible, a recurrir a mecanismos de disociación o tachas antes de negar el acceso.
Con este nuevo recurso judicial, la fundación busca que el Gobierno provincial otorgue la información solicitada y garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas ambientales vigentes y por los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
