La vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Carolina Castagno, desestimó este viernes varios recursos presentados por los defensores en relación a las decisiones de la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, en el caso de los “contratos truchos”.
Los abogados se presentaron ante el tribunal que forma parte Castagno para solicitar la revisión de las resoluciones de Barbagelata en el contexto de la elevación a juicio de este caso, que se refiere a irregularidades en la Legislatura de Entre Ríos y que se encuentra suspendido desde julio.
En este proceso, Barbagelata, encargada de velar por la legalidad, había rechazado apelaciones de los defensores que solicitaban la exclusión de pruebas, cambios en la calificación legal, la nulidad de ciertos actos y el sobreseimiento de algunos imputados. Estas decisiones se emitieron en dos resoluciones, una el 9 de junio y otra el 30 de ese mismo mes.
Este viernes, Castagno se pronunció sobre las quejas de los defensores, comenzando la lectura de su resolución poco antes de las 12. “Las pretensiones de las defensas han habilitado la vía recursiva”, introdujo.
Recordó que el 9 de junio, Barbagelata había desestimado los pedidos de exclusión de pruebas que incluían efectos secuestrados durante allanamientos y evidencia digital. Los defensores argumentaron sobre supuestas violaciones a protocolos y a cadenas de custodia, así como la falta de calificaciones profesionales de los técnicos que manipularon el material digital. También pidieron la exclusión de testigos identificados entre los números 197 y 350, alegando que su incorporación vulneraría el principio de no autoincriminación. Castagno indicó que coincidía con el análisis y las decisiones de Barbagelata, señalando que “las defensas pretenden excluir una prueba que aún no se ha producido”.
Asimismo, los defensores solicitaron que se declararan nulas las autorizaciones de allanamientos en los domicilios de los imputados Alfredo Bilbao y Ariel Faure, quejarse por la falta de fundamentos. Castagno respondió que no advertía la arbitrariedad denunciada y citó los elementos que justificaron las autorizaciones de los allanamientos.
Respecto a la evidencia digital que forma parte de la causa, también objeto de cuestionamientos, Castagno afirmó que “la jueza estableció correctamente el marco conceptual para su análisis”. Aclaró que la prueba digital es documental, y aludió a las autorizaciones pertinentes para su obtención, como las intervenciones telefónicas y los allanamientos. “Todo fue autorizado; las intervenciones telefónicas, los allanamientos en los cuales se secuestraron los teléfonos y otros dispositivos informáticos. La Fiscalía recibió autorización para secuestrar y acceder a las cuentas”.
Castagno recordó que los defensores criticaron supuestos defectos en las actas de secuestro y cuestionaron otros actos administrativos, sugiriendo que eso afectaría el valor probatorio, aunque hizo hincapié en que dichos cuestionamientos ya se habían presentado en un megajuicio por corrupción.
En la causa se investiga una presunta estafa al Estado provincial que se calcula en alrededor de 53 millones de dólares, perpetrada entre 2008 y 2018 a través de “contratos truchos” legislativos. Según la investigación, estuvieron involucrados funcionarios públicos, empleados de alto rango en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables y ciudadanos que actuaron como “prestanombres”, falsificando firmas y endosando cheques, entre otros delitos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue destinado a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
La elevación a juicio se inició en abril y se suspendió en julio. El Ministerio Público Fiscal había solicitado dicha elevación en 2021, después de una investigación de tres años. Los fiscales encargados del caso son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, mientras que los defensores son Damián Petenatti e Iván Vernengo, que representan a Alfredo Bilbao; José Velázquez, defensor de Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; y Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, que representan a Jorge De Breuil. Cullen también defiende a Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados iniciales, 18 permanecen en el caso, ya que 12 accedieron a suspensiones de juicio y Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado, mientras que el contador Gustavo Falco fue sobreseído. En este contexto, además de los nombres mencionados, también están imputados Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.
A mediados de abril, accedieron a probation María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp y Jorge Pablo Balladares, así como Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
