La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos no convocó a sus integrantes para la jornada de este lunes 5, por lo que no se tratará el dictamen de rechazo a los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina de Rizzo, y el expediente quedará archivado poco después de las 11.
A esa hora vence el plazo de 30 días desde la presentación del docente jubilado de AGMER, Eugenio Jacquemein, quien fue el primero en denunciar a la magistrada el 5 de diciembre del año pasado, según confirmó ANÁLISIS. Fue luego de las investigaciones y publicaciones de este medio sobre ausencias, faltas, demoras en sentencias, y el uso de recursos públicos para viajes particulares disfrazados de capacitaciones, entre otras irregularidades que están probadas por la propia documentación oficial.
Para sesionar, el cuerpo legislativo necesita la presencia de 26 de sus 34 integrantes. Conformar el quórum requiere cinco diputados del PJ, siempre que estén presentes todos los legisladores de JxC y los libertarios. De esa manera, la causa contra Medina cae, pero no por un rechazo legislativo (como ella había reclamado a referentes del oficialismo entrerriano), sino por el vencimiento de los plazos, que no es lo mismo.
El caso por el pedido de juicio político a la vocal Susana Medina de Rizzo caducará este lunes a las 11. A esa hora, el 5 de diciembre del año pasado, el docente jubilado de AGMER Gualeguaychú denunció a la magistrada por diversas irregularidades cometidas en su rol en el Superior Tribunal de Justicia. Días después también lo hizo la ONG Entre Ríos sin corrupción —por otros motivos—, pero la causa se unificó y se toma la denuncia inicial para hacer correr los plazos, que vencen este lunes. Jacquemein apuntó, fundamentalmente, a los más de 600 días de ausencias como vocal, entre 2016 y 2025 (justificadas como “capacitación” o “cuestiones de vocalía”, cuando en realidad la gran mayoría de las faltas fueron por su actividad en la AMJA, para lo cual, muchas veces, utilizaba fondos públicos). La ONG denunció la morosidad en los fallos de su Sala Laboral, consecuencia de tantas ausencias. De hecho, Medina reconoció que “por lo general había demoras de hasta 8 o 9 meses”, pero lo consideró normal, pese a la ansiedad de los demandantes por tratarse de temas laborales. A todo ello se sumaron luego los 60 días de vuelos al extranjero —que aparecieron en el informe de Migraciones— y cinco de ellos en un avión privado, a España y Colombia, contratado por Eduardo Eurnekian, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina. La gravedad radica en que Medina nunca dejó asentado en ningún lado que había sido “invitada” a viajar por un empresario, lo que se considera una “dádiva” y está prohibido por la Ley Nacional de Ética Pública y por la normativa provincial del Poder Judicial para los magistrados.
Los diputados oficialistas habían elaborado un dictamen mayoritario en base a lo consignado por la vocal Medina de Rizzo y por sus abogados Ladislao Uzín Olleros y Diego Armesto, letrado de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), entidad que presidía la jueza.
Circuló por WhatsApp entre propios diputados un texto de 21 páginas, firmado por la presidenta de la comisión, Gabriela Lena (JxC Federación), en el que se rechazaba por mayoría cada uno de los puntos denunciados. El peronismo expresó su rechazo al texto, pero no planteó demasiados argumentos públicos, más allá de manifestaciones de la diputada Laura Stratta (presidenta del bloque) y de Juan José Bahillo. El dictamen mayoritario concluyó sin investigar las más de mil fojas remitidas por la Administración del STJ —tras el pedido expreso de la Comisión de Juicio Político—; tampoco se consideró el informe de Migraciones con los 60 viajes internacionales de la jueza, ni el documento del Tribunal de Cuentas, cuyo anexo no había llegado hasta el viernes pasado.
Aunque tanto Lena como el diputado Alcides Marcelo López (Concordia) estaban dispuestos a avanzar contra Medina y sostener su destitución, ambos viraron por completo su postura y pasaron a defender con firmeza a la vocal con el correr de los días. Ese giro se produjo luego de un diálogo telefónico del gobernador Rogelio Frigerio con los principales referentes de la Comisión de Juicio Político, en el que ordenó enfáticamente que rechazaran las denuncias contra la vocal y les pidió además que seduzcan y convenzan a sus pares de la oposición para que adhieran al planteo a favor de la magistrada. Ese intento fue rotundamente rechazado por los diputados del PJ en las negociaciones del viernes 28 de diciembre, antes de la última de las dos sesiones previstas para ese día. Por eso, cuando los diputados concurrieron a la sesión de las 16 horas (tras fracasar la prevista para las 14), lo hicieron sabiendo que su principal objetivo era rechazar el tercer pedido de juicio político formulado por una empleada de Tribunales que había denunciado situaciones de violencia por parte de la magistrada. Efectivamente, así ocurrió y la sesión se levantó: si se hubiera avanzado en el otro sentido, los diputados se habrían retirado del recinto y no se habría dado el quórum.
La diputada Lena, al tomar la palabra, dijo que el dictamen se trataría en “una próxima sesión”, sin precisar fecha. Esa sesión nunca se celebró, por lo que este lunes vencen los plazos y el expediente pasa al archivo.
