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Martes, 11 de marzo de 2025

Caso Kueider: la Justicia de Entre Ríos rechazó pasar la causa a la jueza Arroyo Salgado y la disputa se dirimirá en la Corte Suprema

Caso Kueider: la Justicia de Entre Ríos rechazó pasar la causa a la jueza Arroyo Salgado y la disputa se dirimirá en la Corte Suprema

“No existen razones materiales ni jurídicas que fundamenten la competencia del fuero Federal”, afirmó el juez Edwin Ives Bastián. De esta manera, descartó el pedido de la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Entonces, sólo la Corte Suprema tendrá la autoridad para decidir quién investiga a Edgado Kueider.

Además, el titular del Juzgado de Garantías 2 de Concordia invitó a Arroyo Salgado a “tener por planteada una cuestión de competencia de no compartir los criterios expuestos en los considerandos de la presente”, De ser así, debería enviarla ”al superior común para dirimir un eventual conflicto positivo de competencia”.

El escrito de Bastián tiene 8 fojas. Pero siete son un copy paste del dictamen del fiscal José Arias, quien le recomendó que no se inhiba y mantenga la competencia provincial en el caso.

Esto es: que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación, único superior común de ambos Tribunales, la que resuelva si la investigación por enriquecimiento ilícito contra Kueider se tramitará en Concordia o en San Isidro.

El exsenador fue detenido en Paraguay con más de USD 200 mil sin declarar. Y se le abrió un caso por intento de contrabando. En Argentina hay dos causas por enriquecimiento ilícito que corren en paralelo.

En Concordia se inició el 16 de junio por la denuncia de un vecino, Eliseo Blanco. Allí se expuso que el exsenador tenía tres departamentos y dos cocheras en un lujoso hotel de la capital entrerriana. Figuraban a nombre de la sociedad anónima Betail. Los datos estaban en la declaración jurada que Kueider presentó en 2021.

El 2 de julio, en San Isidro, el periodista Christian Sanz denunció los mismos hechos y con la misma base ante el juzgado de Arroyo Salgado. La jueza vinculó en octubre este expediente con uno anterior. Se trata de la causa Securitas. La propia empresa, que tiene sede en Munro, denunció que directivos de la firma habían pagado coimas para quedarse con contratos en empresas estatales.

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