El abogado José Iparraguirre inició el alegato de la querella en el juicio por jurados que se sigue por el asesinato de Gabriel Gusmán, ocurrido el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá de Paraná. La particularidad del proceso es que no existe una acusación pública: el Ministerio Público Fiscal, durante la investigación, coincidió con la teoría de la defensa y archivó la causa. Pese a ello, los abogados querellantes continuaron investigando y llevaron el caso a juicio.
Un jurado popular de 12 personas deberá decidir si los policías Diego Íbalo y Rodrigo Molina son culpables del homicidio. El debate está a cargo del juez técnico Alejandro Grippo.
Antes de los alegatos, los dos imputados ampliaron sus declaraciones indagatorias y se incorporó, por lectura, la declaración del procurador García, titular del Ministerio Público Fiscal provincial.
“Lo que se investigó en esta causa es un delito de homicidio agravado por alevosía”, sostuvo Iparraguirre al comenzar su exposición. Señaló que el prolongado tiempo entre la investigación y el juicio “significó una pérdida de tiempo y dolor para los familiares de Gusmán, y para los imputados”.
El abogado describió la complejidad del expediente: “Es una causa muy difícil y compleja por la cantidad de prueba producida, científica y pericial, y también porque tuvimos que ir contra dos funcionarios de la Policía, con situaciones poco claras, de miedo de los testigos. Teníamos 8 testigos para declarar. Se animaron a venir sólo dos. Uno porque está detenido y el otro por un ruego de la familia de Gusmán. Debo decirlo, también esta causa fue difícil y compleja porque hubo una decisión de Ministerio Público Fiscal de archivar y cercenar este proceso. Los fiscales tenían derecho de tener criterio y valoración, lo escucharon extensamente al doctor Gonzalo Badano. Pero la verdad es que por algo estamos aquí, la querella autónoma sola, marcando un hito en la historia judicial entrerriana”, afirmó.
Iparraguirre puntualizó las teorías del caso y planteó las preguntas centrales: ¿quién fue el autor del disparo que mató a Gusmán? ¿Gusmán disparó contra los funcionarios policiales antes de recibir el tiro mortal? Según el querellante, esa es la diferencia principal con las defensas.
Detalló las hipótesis que hay en disputa:
1. Gatillo fácil: la querella sostiene que Gusmán fue ejecutado. “Estamos convencidos que lo que sucedió el 25 de septiembre de 2018 fue una ejecución, un caso de gatillo fácil, de manual, el caso más claro y típico de lo que ocurre en Argentina desde Walter Bulacio en adelante. Sabemos que Gusmán cometió un delito grave, disparó contra vecinos, como mínimo tenía la figura de abuso de armas u homicidio en grado de tentativa. Cuando intentó fugarse, sin contemplaciones y pudiendo y debiendo actuar de otro modo, recibió un disparo en el cráneo. Insisto, el lugar en que recibió el disparo es central para determinar la intención del autor. ¿Por qué no lo detuvieron, no le dispararon a zona no letal? ¿por qué no esperaron la llegada de otros móviles?”, planteó Iparraguirre.
2. Versión de la defensa de Molina: los abogados defensores, en especial el doctor Rosatelli, sostienen que hubo un enfrentamiento y que Gusmán disparó contra los policías, por lo que la reacción de los agentes estaría amparada por legítima defensa.
3. Versión de la defensa de Íbalo: el doctor Cozzi plantea que a Íbalo se le imputa un delito por omisión. Iparraguirre respondió que “a veces, el no hacer nada es hacer, cuando tengo obligación de actuar frente a determinados hechos”.
El querellante volvió sobre las cuestiones nucleares: “La diferencia entre las dos teorías principales ¿Gusmán efectuó un disparo contra los policías o no? ¿Molina e Íbalo, al momento trágico, estaban en condiciones de actuar de otra manera? Entendemos que sí, debieron actuar de otra manera, estaban obligados”. Y precisó su acusación: “Nuestra acusación está dirigida a Molina como autor material y responsable del homicidio agravado por alevosía. Fue el autor del disparo. A Diego Íbalo le imputamos la comisión por omisión”.
A continuación, Iparraguirre enumeró hechos que, dijo, no están en discusión:
1) que el 25 de septiembre de 2018 ocurrió un ilícito en el que actuaron Molina e Íbalo;
2) que hubo un llamado al 911 por un hecho de violencia en el barrio Capibá, con disparos;
3) que está probado que Gusmán recibió un disparo en el cráneo y murió de manera instantánea;
4) que Gusmán portaba un arma de fuego encontrada junto al cuerpo, que la tenía antes de morir y que la Policía no se la plantó;
5) que Molina e Íbalo llevaban sus armas y efectuaron disparos contra Gusmán.
El abogado invocó además el Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Policía, que establece prohibiciones para los funcionarios en actividad: “No hacer uso de armas reglamentarias hasta haber agotado todos los medios de persuasión y sólo podrán usarse en caso de haber sido agredidos”, explicó. Añadió que existe una creencia social errónea según la cual, si una persona huye, la Policía estaría habilitada a disparar aunque sea en zona no vital: “Si el presunto delincuente huye, no se autoriza el uso de armas. Es la ley de año 75. Sólo están habilitados a usar armas cuando se vean obligados a usarla, y deberán demostrar que estaba debidamente habilitado el uso, por legítima defensa o cumplimiento de deber”.
“A Gusmán lo ejecutaron, le reventaron la cabeza”, subrayó Iparraguirre. Indicó que la muerte ocurrió a las “12 horas 21 minutos 24 segundos del 25 de septiembre de 2018”. Agregó que “catorce segundos después de la muerte de Gusmán, llegó el otro móvil policial. El otro móvil estaba en las inmediaciones. Si uno cruzaba la cancha, se veía el móvil, pero aún si no se veía, se hubiese escuchado. Y los imputados reconocieron igual que ese móvil estaba llegando. Además de otro móvil. Es decir, en pocos segundos había tres móviles policiales rodeando la zona, como mínimo seis funcionarios, todos armados. ¿Qué necesidad de actuar irresponsablemente? Ninguna”.
Iparraguirre también se refirió a la evidencia balística: dijo que en el lugar se hallaron dos vainas servidas calibre 9 mm, además del arma calibre .38 que tenía Gusmán. Según relató, el personal de Gendarmería Nacional determinó que las dos vainas correspondían a las pistolas de Íbalo y Molina, ya que cada vaina presenta una marca que identifica el arma de origen. “Esa pericia determinó que vaina 1 que se encontró al inicio de la plaza era de Íbalo. La segunda vaina era de la pistola que portaba Molina. Hay dos opciones, o lo mató Íbalo o lo mató Molina. La verdad que nos quedamos con la evidencia que la vaina cerca de la posición del tirador, es la vaina que salió del arma de Molina”, concluyó.
Nota en proceso…
