<b>De la redacción de INFORME DIGITAL</b>
La Justicia Federal sigue avanzando en el entramado narco que ligaba a la banda supuestamente liderada por Dabiel ‘Tavi’ Celis y el gobierno municipal de Paraná, trama que incluye altos cargos en la administración paranaense, el manejo de una unidad municipal, el uso de vehículos municipales para transportar droga y hasta posiblemente una banca en el Concejo Deliberante local.
El juez Leandro Ríos, a cargo de la investigación que busca desarticular la banda y que tuvo un vuelco a partir del operativo ‘Papá Noel’ de la avioneta narco en Colonia Avellaneda, envió oficios al gobierno municipal de Sergio Varisco solicitando los legajos de algunos de los más de 20 detenidos que tiene la causa al momento, información sobre la flota de camiones y sobre el propio Celis
“Líbrese oficio a la Municipalidad de Paraná a fin que con carácter urgente y en el lapso de 48 horas (…) remita a este Juzgado los legajos, en original, correspondientes a María Fernanda Orundes Ayala, Miguel Carmelo Leguizamón, Hernán Jesús Rivero, Renzo Bertana y María Laura Zurita”, ordenó el juez federal.
Asimismo, pidió que se lo informe sobre “la totalidad de la flota de vehículos, motovehículos, maquinaria pesada y de transporte asignados a la Unidad Municipal Nº2 Oeste y el Volcadero”, es decir la que venía manejando la banda narcotraficante, presuntamente a través de Rivero -sobre quien se generaron <a href='https://www.informedigital.com.ar/secciones/politicas/91480-duros-cruces-por-narcos-en-el-municipio.htm' target='_blank'>fuertes cruces entre dos sectores del PJ local</a> por su contratación en el municipio- “, desde el 1/1/2016 a la fecha”, agrega el oficio al que accedió <b>INFORME DIGITAL.</b>
Además, Ríos quiere saber de “todos los vehículos que por cualquier motivo hayan sido afectados de manera temporal a la misma, indicando expresamente numeración asignada y aquellos que poseen GPS o cualquier sistema de rastreo o seguimiento”. Este punto es crucial en la investigación, ya que se sospecha que la gente de Celis utilizaba para transportar droga particularmente camiones que no contaban con sistema GPS, para evitar ser rastreados.
Finalmente, el juez federal solicitó que se le informe desde el municipio “si Daniel Andrés Celis y Cristián Javier Silva son o fueron funcionarios, empleados o contratados de cualquier carácter en la Municipalidad de Paraná”.
La causa tiene a mal traer al gobierno paranaense. La semana pasada desfilaron por los pasillos del Tribunal Oral Federal, para declarar ante Ríos, el concejal Pablo Hernández, quien admitió conocer a Celis, y Griselda Bordeira, subdirectora de Seguridad municipal, quien también dijo conocerlo, aunque buscó desligarlo políticamente de la gestión. Ambos, concejal y funcionaria, quedaron ligados al caso a partir de las escuchas telefónicas que se le venían realizando a la banda desde hace meses.
