La casa donde funciona la comisaría, en Tucumán 55, es propiedad de la mutual y desde hace varios años está en alquiler por el Estado provincial para que funcione el destacamento policial.
Un juicio de ejecución de sentencia y honorarios iniciado por Mariela Rifine, una ex empleada de Muper, había derivado en una orden de subasta pero, debido a un concurso de acreedores iniciado con anterioridad se dispuso el pase de todos los antecedentes a un juzgado civil.
Fuentes judiciales confiaron que, por el momento, quedó sin efecto la orden de remate, al menos que en el día de hoy la demandante presente otra acción que provoque una nueva orden de subasta.
Claro está que el proceso judicial no involucra a la Jefatura Provincial ni al Estado entrerriano que sólo se ve afectado por la situación por ser inquilinos de Muper. En el caso de que se remate esa propiedad no implicaría necesariamente que la Comisaría se deba mudar ya que podría continuar alquilando con los nuevos dueños. De lo contrario, las autoridades deberían disponer su traslado.
OTROS CASOS
La casona de calle Tucumán no es la única que Muper alquila a la Jefatura Provincial ya que en calle Santiago del Estero hay otro inmueble donde funciona la Dirección de Investigaciones.
Tampoco es la primera vez que se ordena el remate de la sede de la Comisaría 1ª.
En el año 2004, el atraso en el pago de alquileres por parte de Muper de su sede en Concordia terminó en la orden de ejecutar el embargo que pesaba sobre el edificio de calle Tucumán. Pero el día en que se iba a realizar se logró un acuerdo entre las partes y el pago de las sumas adeudadas terminó con el conflicto y la propiedad no fue ejecutada.
Por otra parte, en 2003 el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) pidió a la Justicia Federal que intervenga la Mutual de Policía de Entre Ríos, en virtud de presuntos hechos ilícitos cometidos por la conducción de la entidad que desde fines de los 90 atraviesa una crisis que derivó en varias denuncias penales, recambios de autoridades y hasta llegó a funcionar en dos sedes y bajo dos comisiones directivas diferentes.
El organismo nacional acudió al Juzgado Federal de Paraná basándose en documentación presentada por la Federación Entrerriana de Entidades Mutuales, en posteriores inspecciones realizadas por funcionarios del propio Inaes, y en la labor de la Junta Fiscalizadora de la mutual, que nunca obtuvo respuestas a reiterados pedidos de informes “sobre probables hechos irregulares y/o dolosos, algunos de ellos cercanos a serios problemas de corrupción”, situación que derivó en la renuncia de uno de los fiscalizadores. (El Diario)
