Además de la reforma laboral que enviara el Gobierno durante las sesiones extraordinarias, la discusión sobre la normativa y sus efectos en la economía cobró nuevo impulso en las últimas semanas por un caso puntual: un juzgado dictó una indemnización de $250 millones a favor de un mozo con 26 años de antigüedad vinculado a un restaurante. El fallo reabrió el debate sobre la sustentabilidad del régimen indemnizatorio y sus consecuencias para empresas y aseguradoras.
El origen del conflicto está ligado a la manera en que la normativa laboral operó durante la emergencia sanitaria. La prohibición de despidos en pandemia elevó el valor de las indemnizaciones en los juicios, combinándose con el criterio judicial que consideró las propinas como parte del salario para el cálculo. Ese enfoque llevó, en el caso citado, a un monto de $9,4 millones en 2020. Sobre esa suma, el tribunal aplicó la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 3% anual, una fórmula definida por el entonces Gobierno de Alberto Fernández, que terminó en la cifra actual de $250 millones.
Alarma empresarial
Este fallo encendió alertas en sectores empresariales y en el sistema asegurador por el posible efecto multiplicador sobre futuras sentencias. El fenómeno no se limita a los despidos individuales: operadores del sector señalaron que un proceso análogo afecta a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), como muestra la inhibición impuesta por la Superintendencia de Seguros de la Nación a una de las compañías más relevantes del mercado. En ese caso, la presión financiera de los juicios acumulados y sus actualizaciones consumió una porción significativa de los ingresos y complicó la operatividad habitual de la aseguradora.
Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, expuso que el universo de litigios laborales sostiene un volumen extraordinario de expedientes. El stock de juicios por riesgos del trabajo alcanza los 308.082 casos actualmente en trámite. El segmento de despidos, la otra gran fuente de litigiosidad, suma 329.248 expedientes adicionales. Tomados en conjunto, ambos rubros acumulan 637.330 procesos pendientes de resolución.
La magnitud adquiere otra dimensión si se relaciona el stock de juicios con los asalariados registrados en el sector privado, que suman alrededor de 6,3 millones. Esa proporción indica que los litigios pendientes representan cerca del 10% del empleo formal, una cifra que inquieta a especialistas y evidencia el peso del pasivo sobre las cuentas empresariales y la carga del sistema judicial.
La legislación laboral vigente habilita mecanismos de actualización que, en un contexto inflacionario y con las reformas aplicadas durante la emergencia sanitaria, convirtieron el universo de pasivos judiciales en cifras difíciles de afrontar. Las propias reglas adoptadas por la justicia en distintas jurisdicciones, incluida la capitalización de intereses y la indexación por inflación, generan montos “históricos” que ponen en riesgo la sostenibilidad de las empresas afectadas.
Amenaza a las empresas y las aseguradoras
Desde la mirada de quienes siguen la evolución de estos expedientes, la dimensión del stock de juicios pone en peligro el funcionamiento normal del sector asegurador y de numerosas empresas de servicios y comercio. Se sostiene que los sistemas de actualización aprobados o propuestos en las normas vigentes convierten en una deuda impagable la suma de pasivos judiciales acumulados.
La preocupación, tanto oficial como privada, converge en que la única vía para controlar el problema hacia adelante es eliminar o acotar los elementos que incentivan la litigiosidad, aunque esa medida solo afectaría los casos futuros. Queda por resolver cómo afrontar el pasivo ya generado bajo las reglas que presionan financieramente a los distintos actores.
“El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 768, habilita al Banco Central a fijar una tasa de intereses moratorios de referencia para uso de los tribunales en la actualización de deudas. Extremar la prudencia en la definición de esta tasa de interés es la única manera de hacer viable el pago de los juicios acumulados”, destacaron en el informe de Idesa.
Ante este escenario, el Banco Central inició una consulta pública sobre la nueva Tasa de Intereses Moratorios (TIM). La propuesta plantea calcular la tasa como un promedio ponderado entre la tasa pasiva de depósitos y la tasa activa de préstamos, estableciendo un rango con un piso y un techo definidos por CER más 3% anual. El objetivo es preservar el valor real de los créditos judiciales, evitar “arbitrariedades” y frenar escaladas o pérdidas severas en los montos finales. El esquema se considera razonable para el futuro, siempre que se introduzcan cambios en los factores que alimentan una litigiosidad incompatible con el normal desarrollo del mercado.
Sin embargo, ese modelo choca con la necesidad de aliviar el pasivo asociado a los millones de juicios pendientes de sentencia. Analistas proponen aplicar a ese universo, hasta el 31 de diciembre de 2025, la metodología de la Comunicación BCRA 14.290, que combina los rendimientos de caja de ahorro y plazos fijos, y luego, a partir de enero de 2026, empalmar ese índice con la fórmula incorporada por el Decreto 70/2023 (IPC + 3% anual).
La Comunicación BCRA 14.290 se creó en 1991 para afrontar los saldos judiciales derivados de la hiperinflación de 1989 y 1990. Voceros señalan que el mismo recurso resulta pertinente hoy para mitigar las consecuencias de la inflación reciente y la acumulación de litigios laborales. La falta de un mecanismo de emergencia adecuado para estas circunstancias pondría en riesgo la viabilidad de numerosas empresas e impactaría sobre el empleo en el sector formal.
Sigue abierto el debate sobre cuál será el índice de actualización definitivo que aplicarán los tribunales en los juicios en curso. Empresas, cámaras empresariales y aseguradoras de riesgos laborales aguardan definiciones normativas que aporten previsibilidad a los pagos y permitan dimensionar el tamaño real del pasivo. Mientras tanto, el stock de juicios laborales continúa creciendo y se instala en el centro de la agenda de la próxima reforma laboral.
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