De la redacción de INFORME DIGITAL
— El enfrentamiento político entre Gustavo Bordet y Rogelio Frigerio sumó un nuevo actor. Marcelo Casareto, exdiputado nacional y dirigente peronista, salió a respaldar al exgobernador y cargó contra el senador Gustavo Vergara, a quien acusó de tener contratados por cifras millonarias en el Senado provincial.
“Frigerio manda a Vergara a atacar a Bordet y le hace contratar empleados truchos en el Senado”, lanzó Casareto en un comunicado. El dirigente aseguró que fue testigo de la relación cordial que mantenían Bordet y Vergara cuando eran gobernador e intendente de Ramírez, pero advirtió que “desde la Gobernación se han acostumbrado a escribirle declaraciones a legisladores con gruesos epítetos contra dirigentes de la oposición, tirando la piedra y escondiendo la mano”.
Casareto apuntó además a la presencia de funcionarios porteños en la gestión provincial: “La semana pasada publicamos los datos del padrón electoral, certificando la gran cantidad de funcionarios de Frigerio oriundos de Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires. Después de dos años siguen en esos padrones porque trabajan de martes a jueves y se llevan los sueldos a Buenos Aires”.
En el tramo más fuerte de su denuncia, acusó a Vergara de manejar una estructura paralela de contratados: “Según un listado del último trimestre de 2024 tenía 22 contratos por más de 28 millones de pesos mensuales, casi 86 millones en el trimestre. Proyectado al año son 343 millones para un solo senador. Y lo más grave: muchos de esos empleados son de Buenos Aires, Banfield, Avellaneda, Santa Fe, o de otras localidades de Entre Ríos como Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Seguí o Chajarí. Es evidente que son parte de un listado que le habrá pasado Frigerio”.
El exdiputado remarcó que “a ninguno de esos contratados se los conoce ni se los ha visto por los pasillos del Senado” y comparó: “Cobran 2,6 millones de pesos por mes, cuando un docente o un policía tienen aún hoy salarios apenas superiores a los 600 mil”.
Finalmente, Casareto sugirió que el tema podría derivar en investigaciones judiciales: “Seguramente se podrán hacer pedidos de acceso a la información según la ley vigente, y algún fiscal de turno pedirá la información sobre estas irregularidades”.
