Una situación sin precedentes se está generando en la provincia de Entre Ríos: un candidato para un puesto en el Poder Judicial enfrenta 10 causas civiles y una penal. El profesional aguarda el acuerdo del Senado provincial para ser designado Fiscal Auxiliar en Villa Paranacito, ciudad en la que reside el gobernador Rogelio Frigerio.
La información se dio a conocer durante la audiencia pública en el Senado a fines de julio, donde se impugnó la candidatura de Leonardo Augusto Schonfeld. Aunque la impugnación fue presentada fuera de término, Juan Pablo Cosso, legislador de Villaguay (Más para Entre Ríos), notificó al abogado y docente sobre la naturaleza de las acusaciones en su contra.
Los firmantes de la impugnación se consideran “damnificados” por la actuación de Schonfeld en un fideicomiso inconcluso y piden que se declare su “inhabilidad moral manifiesta” para el cargo y que se rechace su postulación.
Durante la audiencia, Schonfeld se defendió de dos cuestiones. Primero, sobre su inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios, indicando que la situación ya fue resuelta y se trató de un contratiempo solucionado. Segundo, al referirse a la impugnación realizada por ocho ciudadanos, que también fue presentada fuera de plazo, mencionó que se reserva el derecho de demandar a quienes lo acusan, señalando que están faltando a la verdad. Además, expresó su sorpresa por la aparición de estas acusaciones en la actualidad.
La impugnación argumenta que hay una “palmaria falta de probidad e idoneidad moral”, requisitos esenciales para el desempeño como Fiscal Auxiliar. Los denunciantes sostienen que Schonfeld está involucrado en varios procesos judiciales, tanto civiles como penales, derivados de su actuación en el ámbito comercial. Se le acusa, entre otros motivos, de defraudación y abuso de confianza.
Los impugnantes enumeran varios procesos judiciales en los que Schonfeld está involucrado, muchos relacionados con el Fideicomiso de Administración e Inversión Inmobiliaria Feliciano 144, cuyo objetivo era la construcción y desarrollo inmobiliario, con Schonfeld como fiduciario que percibía el 5% del costo total del proyecto.
Entre los casos mencionados, destacan:
– En el expediente 20358, se ordenó el secuestro de documentación del Fideicomiso Feliciano 144 debido a “diversos incumplimientos contractuales”, lo que llevó a un allanamiento en el hogar de Schonfeld en Paraná para recuperar la documentación.
– En el expediente 17.507, se impuso una medida cautelar que prohibía provisionalmente “innovar y contratar” respecto al Fideicomiso, en un intento de designar fiduciarios sustitutos. Aunque la medida fue desestimada al principio, posteriormente se ordenó suspender la prohibición.
– En el expediente N° 57713, se le ordenó a Schonfeld pagar $1.242.064,42 por ejecución de sentencia, lo cual implicaba medidas previas a la subasta de un inmueble fiduciado.
– La causa legajo N° 216261-. Esta se encuentra en fase de Investigación Penal Preparatoria ante el Ministerio Público Fiscal por el delito de defraudación fiduciaria.
– En el expediente N° 31748, se tramita la nulidad de sentencias dictadas en automóviles.
– Los expedientes N° 30223, 31520 y 31726 abarcan incumplimientos contractuales, daños y perjuicios, así como la ejecución de honorarios, resultando en indemnizaciones por el ejercicio abusivo de derechos. La “prohibición de innovar” solicitada en estos casos fue suspendida.
– En el expediente 25116, se demanda a Schonfeld por incumplimiento de contrato y daños, alegando que no cumplió con la entrega de un departamento en los plazos acordados. Una resolución del 06/07/2023 que había declarado la falta de legitimación pasiva de Schonfeld fue apelada y revocada, suponiendo la Cámara que la excepción de falta de legitimación solo puede resolverse como artículo de previo y especial pronunciamiento.
Los impugnantes argumentan que la idoneidad moral es esencial para el acceso a la función pública, alineada con los principios republicanos de gobierno. Aunque la Constitución Provincial de Entre Ríos no enumera específicamente la “idoneidad moral”, su Artículo 37 exige una “conducta acorde con la ética pública, que representa un valor fundamental en el sistema republicano”.
Por lo tanto, los denunciantes sostienen que la acumulación de acciones judiciales basada en la “falta de ética y probidad” y en la “denuncia penal por defraudación” revela una “manifiesta inhabilidad moral”, lo cual impediría a Schonfeld ejercer como Fiscal Auxiliar, un cargo que implica garantizar el cumplimiento de la ley y los intereses de la sociedad.
Cuestión de Fondo consultó a varios actores de la política en Villa Paranacito sobre su opinión y la sorpresa fue evidente, ya que muchos no estaban al tanto de esta situación, lo que refleja una falta de compromiso con la ciudadanía que representan, ya sea por cargos designados por el gobernador o por elección popular.
En su defensa ante los senadores, Schonfeld afirmó: “En efecto, esto es un problema netamente civil y comercial, como usted dijo. Se han enumerado hechos falsos. Presenté toda la documentación pertinente y en 2020 intimé a estas personas a resolver problemas relacionados con el fideicomiso que administraba. Sin embargo, cortaron todo contacto y no podía avanzar en la gestión. Me vi obligado a tomar acciones formales, ya que las reuniones no se concretaban. La obra comenzó en 2014 y, a pesar de haber entregado las llaves en 2019 con un avance del 80%, no quisieron aportar los fondos necesarios para finalizar. En cambio, empezaron a utilizar estrategias legales que retrasaron el proceso. Sin colaboración, no se puede avanzar”.
Continuó: “Todos los contratos del fideicomiso están disponibles. En la discusión solo se menciona el contrato de constitución, pero cada fiduciario se comprometió a cubrir los costos adicionales para finalizar la obra. La inflación ha impactado directamente en el costo de la mano de obra, que representa el 50% del total. En 2013, al firmar el contrato, la situación era muy diferente. A pesar de los obstáculos, el edificio tiene un 80% de avance. Todo quedó trancado debido a la falta de colaboración. He presentado toda la documentación y, más allá de cualquier discusión sobre responsabilidades civiles, lo que no se puede hacer es mentir. Por eso me reservo el derecho a reclamar por daños y perjuicios”.
Para finalizar, expresó: “En la impugnación se afirman hechos falsos. Se habla de ocultamiento de información, que es mentira. Converse con los encargados contables que ellos designaron y los contacté para tener noticias y cerrar cuentas, pero no hubo respuesta. Me resulta extraño que esto surja ahora. Parece que la única intención es causarme daño”.
