El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció los lineamientos productivos incluidos en el Consejo de Mayo. Con el objetivo declarado de “poner nuevamente a la Argentina en la senda del crecimiento”, confirmó cuatro ejes centrales para el sector agropecuario: la eliminación de las restricciones para que extranjeros compren tierras rurales, reformas a la Ley de Bosques, cambios en la Ley de Acuicultura y una modernización del régimen laboral agrario.
Uno de los puntos propone modificar el régimen de tierras rurales, actualmente sujeto a una medida cautelar presentada por el Centro de exCombatientes Islas Malvinas (Cecim) contra el DNU 70/2023, en particular el artículo 154 que derogó la Ley de Tierras de 2011. Adorni fue tajante: “Se libera la compra por parte de privados extranjeros”. La medida busca revertir las limitaciones impuestas por la Ley 26.737, que fijó un tope del 15% a la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, con un máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo. En el ámbito inmobiliario recomiendan, ante el contexto aún vigente, que cada cliente “consulte con sus abogados y actúe en consecuencia”.
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, presentando los puntos que se trabajaron en el Consejo de Mayo. Captura
En materia de protección ambiental, el Gobierno plantea actualizar la Ley de Bosques (26.331), una iniciativa que también genera debate.
Además, Adorni adelantó que se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva de un campo incendiado durante 30 a 60 años, y la calificó como “una ley del diputado Máximo [Kirchner] que atenta directamente contra la producción”.
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), Andrés Costamagna, director y cocoordinador de la Comisión de Sostenibilidad de la entidad, señaló que bregan directamente por la derogación de la norma vigente. “La Ley de Bosques no ha cumplido el fin para la que fue creada, es un límite a las inversiones necesarias… La ley es sólo creadora de pobreza estructural. Ningún gobierno, durante la vigencia de esta ley, ha girado los fondos necesarios para proteger los bosques. De hecho, Fundación Vida Silvestre Argentina tiene muy buenos informes donde se detalla que solo se ha enviado entre un 5% y un 7% de los fondos comprometidos para el Fobosques. Entendemos que la ley no debe ser modificada, sino que debe ser derogada. De este modo, las provincias pueden tener, sin límites impuestos por la Nación, la posibilidad de ver el desarrollo de sus pueblos y la posibilidad de que la conservación de los bosques tenga un pago acorde por medio de instrumentos de mercado —mercado de carbono— o por otros medios de financiamiento climático”, sostuvo.
Remarcó que la norma actúa como un freno a las inversiones en infraestructura necesarias para desarrollar regiones que alojan a las poblaciones más vulnerables del país. “La ley solo ha sido creadora de pobreza estructural. Hoy tenemos mejor tecnología y sabemos que los bosques necesitan diferentes prácticas para ser sostenibles, para que estén en crecimiento. Por eso acompañamos a la conservación con la familia rural adentro y pensamos, como piensa el resto del mundo, que la preservación no es la manera de conservar la biodiversidad”, afirmó.
Andrés Costamagna, director y co-coordinador de la Comisión de Sostenibilidad de la SRA
Por otro lado, sostuvo que en las provincias esta ley solo sirvió para crear policías ambientales que, dijo, han perseguido a productores y a sus familias. “Ha creado estructuras dentro de las provincias que tienen vicios propios: como todo lo que implica dar autorizaciones desde los gobiernos, conlleva que se generen espacios de poder dentro de las estructuras gubernamentales”, subrayó.
El proyecto del Consejo de Mayo incorpora flexibilizaciones para desmontes en zonas verdes (categoría III), que requerirían únicamente informar a la autoridad de aplicación, y mantiene la prohibición en zonas rojas (categoría I). Además, introduce evaluaciones de impacto ambiental obligatorias para desmontes y condicionadas para manejo sostenible.
También prevé modificaciones a la Ley de Acuicultura para permitir la producción en ámbitos tanto naturales como artificiales, otorgando a las provincias y a la Nación la potestad de determinar los requisitos para una explotación sustentable.
El Consejo de Mayo incluye flexibilizaciones para los desmontes en zonas verdes. Prensa Greenpeace
Por último, el jefe de Gabinete informó que en el Proyecto de Ley de Modernización Laboral que se enviará al Congreso para su tratamiento en las extraordinarias se prevén cambios en el régimen de trabajo agrario, aunque no se ofrecieron más detalles sobre ese punto.
