El fiscal Santiago Alfieri, a cargo de la investigación por la aparición de dispositivos de audio y video ocultos en oficinas de la Casa de Gobierno, detalló los primeros pasos realizados y cómo continuará la pesquisa judicial.
En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Alfieri explicó: “la intervención de la Fiscalía comenzó con un llamado por parte del jefe en turno de la dirección de Drogas Peligrosas, a quien habían encomendado que el personal a su cargo realice un relevamiento de seguridad preventivo, de rutina, que –por lo que informaron- lo vienen haciendo de manera periódica, en oficinas y en vehículos, y a partir de esa búsqueda de rutina, que no se comunica a la Fiscalía habitualmente, lo que se comunicó fue el hallazgo en unos sensores de movimiento o de humo, en el interior de la carcasa, colocadas unas cámaras que tenían los elementos de comunicación tanto de audio como de video”.
“El llamado fue al teléfono del turno de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, donde me encuentro de guardia durante el turno judicial de la Fiscalía, asistí al lugar del hecho, como ocurre en cualquier delito complejo por parte de la Fiscalía, y ahí fue donde comenzamos a coordinar el trabajo de la gestión de lo que denominamos como lugar del hecho, que es el lugar de la ocurrencia de la novedad”, añadió el fiscal.
Alfieri precisó que los dispositivos estaban ubicados en tres lugares distintos y que el cableado conducía a otra oficina, y señaló: “a nosotros nos señalaron los ámbitos donde estaban colocados estos dispositivos, que eran tres lugares distintos y el cableado llegaba a otra oficina más en la que se refería que los dispositivos no habían estado durante mucho tiempo, ya durante la gestión. Uno es un pasillo con acceso a un ascensor privado del ámbito de Gobernación y luego sí en dos oficinas: el despacho del gobernador y una oficina posterior que ha tenido distintas utilizaciones”.
Sobre la tarea de la Fiscalía a partir de ahora, describió las verificaciones técnicas realizadas: “la función de la Fiscalía ayer fue establecer, como en cualquier gestión del lugar del hecho de un delito complejo, las condiciones objetivas en las que se encontraba la aptitud de los componentes de cada dispositivo y cuáles eran las características técnicas del cableado. Asimismo, si estas características técnicas, por ejemplo, tenían efectuado algún tipo de desviación, de bypass, para la transmisión remota o si estaban dirigidas a un lugar de almacenamiento físico, y si ese dispositivo de almacenamiento físico tenía también la aptitud o no de transmisión remota. Todo eso fue lo que se constató ayer, entre otras cosas, la ausencia de un dispositivo de almacenamiento o de un retransmisor. No había en todo el cableado ni un retransmisor, ni se encontraba en un lugar donde estaba alojado el final del cableado, el dispositivo que puede ser un DVR o un disco rígido y cada cual tiene sus particularidades respecto de la actitud o no de transmitir de manera remota”.
Respecto del cableado, explicó que estaba empotrado y cubierto por una tapa en la pared, y que falta la parte final de la instalación: “Lo que sí hay es un cableado empotrado en los muros y tabiques de las oficinas que iban a una parte cerrada con una especie de chapa o de cierre, de tapa en la pared visible. Eso es lo que constatamos ayer y el trabajo ahí es ver en los registros correspondientes a las áreas accesorias de Gobernación, las áreas técnicas y las áreas de seguridad para ver cuándo se dispuso la colocación de esos aparentes sensores y si en algún momento se dispuso el retiro de algún elemento porque está faltando la parte final de esta instalación, que es una instalación pareciera formal, que tiene que tener al final un ámbito de almacenamiento o de retransmisión, y eso no está. Alguien lo tomó, sea autorizado o no, y es parte de la investigación determinar en qué momento”.
Aclaró que la Fiscalía no debe, por sí misma, determinar con exactitud técnica cuándo se instalaron los equipos, sino reconstruir la historia del caso: “también, la labor fiscal no es técnicamente establecer en términos tecnológicos cuándo se instaló, sino historizar un poco respecto de novedades que ha habido, incluso judiciales, más atrás en el tiempo respecto de estas registraciones”.
Además, indicó que existe una denuncia anterior sobre la instalación de cámaras en la misma oficina, lo que obliga a revisar expedientes: los involucrados “reconocieron en términos judiciales porque se hizo una denuncia respecto de instalación de cámaras y es la misma oficina, entonces debemos nosotros historizar un poco a partir de los archivos judiciales para ver a quiénes debemos convocar para que nos den cuenta de y también nos va a orientar a ver en los registros de las áreas de informática y de seguridad de Gobernación cuándo y quién autorizó la colocación de esos dispositivos”.
Sobre los relevamientos periódicos de seguridad, Alfieri comentó que le informaron que hasta ahora esos chequeos habían dado resultados negativos: “las búsquedas que nos informaron, esos chequeos de seguridad, nos informaron ayer que se hacían de manera periódica y que habían venido siempre con resultados negativos. Básicamente nos explicaron también, estoy hablando en términos de información que nosotros recibimos, para luego procesarla de manera técnica con las áreas adecuadas, pero de todos modos lo que nos informaron fue un resultado negativo en esa búsqueda de señales magnéticas, de emisores. Entonces, esto es lo que fue informado ayer en el lugar, durante la gestión técnica del lugar del hecho”.
Sobre los pasos siguientes en la investigación, sostuvo que se requiere recabar más testimonios y registros y agotar todas las hipótesis: “la tarea que se realizó ayer con las áreas técnicas adecuadas para el relevamiento de la instalación y el entendimiento de qué tipo de dispositivos se trataba, el hecho de establecer si había repetidores o no, incluso puenteados en el intermedio del cableado, es fundamental. Ahora lo que nos toca es ver qué otras fuentes de información formales o informales, en cuanto a registro o testimoniales, subjetivas, son abordables para organizar una investigación que va a llevar su tiempo. Toda la hipotetización que nos abre las más distintas consecuencias, tanto desde lo que está referido, que es la trascendencia institucional de la situación, como el hecho de que se trate de una instalación vetusta y fuera de uso, todas esas alternativas son las que yo entiendo que institucionalmente deben quedar acreditadas. No que por entender que se tratan de una instalación pasada y ya no en uso, entonces desechamos de una la investigación. La investigación judicial debe realizarse de manera tal que se agote todo el conocimiento y quede en claro de qué se trata. Pero no estoy yo aquí para hipotetizar en términos mediáticos cuáles son las alternativas”.
Consultado sobre si el gobierno provincial presentó una denuncia formal, señaló que no tenía constancia de ello, aunque funcionarios de Gobernación y el responsable del relevamiento concurrieron al lugar: “yo no he tenido acceso a la existencia o no de una denuncia, lo que puedo decir es que ayer apenas se produjo la novedad, tanto personal jerarquizado de Gobernación como el Ministerio que había requerido el repaso de los muros por seguridad, y principalmente el funcionario a cargo de ese relevamiento, estuvieron presentes luego que me convocara el comisario en el lugar para ir permitiéndonos efectuar la intervención investigativa más eficiente. Con eso ya es suficiente, no es que hace falta una denuncia; no lo sé si la han presentado o no porque el procesamiento de esa presentación, como la de cualquier otra, lleva un curso que no ha llegado todavía a la Fiscalía”.
