Al menos 63 personas que vivían en la calle fallecieron en diferentes partes del país entre enero y junio de 2025. Esta cifra, presentada esta semana por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue obtenida a partir de un relevamiento conjunto con la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y el grupo de estudio Sociabilidad en los Márgenes de la Facultad de Psicología de la UBA.
El informe denuncia un deterioro en la situación habitacional y expone una serie de políticas públicas que, en lugar de abordar el problema, lo agravan. De las 63 muertes registradas, 13 ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Desjerarquización y abandono del rol estatal en Nación
El informe advierte que el Gobierno nacional, mediante un decreto publicado hace un mes, decidió “debilitar” su responsabilidad directa en la aplicación de la ley nacional que protege a las personas en situación de calle, transfiriendo esa competencia a las provincias. En lugar de garantizar derechos, el Estado ahora evalúa si subsidia o no en función de las solicitudes de cada distrito.
Desde el CELS califican esta postura como una desjerarquización de las políticas públicas. Luna Miguens, directora del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, fue contundente: “Este aumento de personas viviendo en la calle debe leerse en el contexto de retraimiento del rol del Estado, algo que se hace explícito desde el Gobierno nacional”.
Durante la presentación del censo, las organizaciones enfatizaron que el objetivo del relevamiento fue contar con “números ciertos” para poder discutir adecuadamente el presupuesto que debería destinarse a este sector. “La calle no es un lugar para vivir ni para morir, y por eso necesitamos que las autoridades implementen medidas de emergencia”, señalaron.
“Orden y limpieza”: las críticas contra el Gobierno porteño
Miguens criticó con dureza las políticas implementadas por el Ejecutivo porteño. “En los últimos dos años, hemos observado un abordaje punitivo, estigmatizante y discriminativo. Incluso hubo publicaciones en Instagram del propio jefe de Gobierno mostrando cómo sacan a las personas que viven en la calle, en un marco de ‘orden y limpieza’, como si esas personas fueran cosas”, denunció.
Además, según datos oficiales del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, las denuncias por violencia institucional contra personas en situación de calle aumentaron un 128% entre 2023 y 2025. El informe del CELS respalda esta tendencia a partir de entrevistas realizadas con quienes atraviesan esa situación: los maltratos, expulsiones, persecuciones y hostigamiento son las circunstancias más comunes.
Casi 12.000 personas sin techo en la Ciudad
A la par, un censo presentado por un grupo de ONG y organizaciones sociales a finales de junio reveló que en la Ciudad de Buenos Aires residen actualmente 11.892 personas en situación de calle. Este es el Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, elaborado con una metodología rigurosa que incluyó tres días de relevamiento y entrevistas presenciales.
La cifra representa un incremento sostenido en los últimos años: en 2017 se habían contabilizado 3.560 personas; en 2019, 7.251. Ahora, tras la pandemia y en medio de un contexto económico adverso, el número casi se duplica. Además, se ha registrado un aumento de adultos mayores y personas con problemas de salud mental en esta situación.
Recortes presupuestarios y paradores saturados
Aunque el Gobierno de la Ciudad destinó recientemente un aumento de presupuesto a los paradores —centros que ofrecen cama, ducha y comida— desde el CELS advierten que se trata de una respuesta insuficiente. “Las situaciones de malos tratos se repiten y muchas personas terminan expulsadas de estos dispositivos”, afirmó Miguens.
Además, cuestionó el cierre de organismos clave a nivel nacional. “El Estado nacional ha eliminado secretarías y organismos públicos que atendían estos temas, mientras intenta cerrar el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), que financia obras en barrios populares”, denunció.
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