De la redacción de INFORME DIGITAL
El presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Cáceres, solicitó una licencia por el término de 90 días en el ejercicio de la presidencia partidaria. La decisión fue aprobada por el órgano de conducción, en el marco de una reunión realizada este miércoles.
Según se informó oficialmente, la licencia responde a “razones personales”. Cáceres continuará integrando el Consejo Provincial, pero dejará momentáneamente la conducción formal del partido.
A partir del corrimiento de cargos dispuesto durante el encuentro, Silvia del Carmen Moreno, quien se desempeñaba como Prosecretaria, pasó a ocupar la Vicepresidencia Primera y quedó a cargo de la Presidencia del PJ entrerriano durante el período de licencia.
Reordenamiento interno
En la misma reunión, el Consejo Provincial avanzó en un reordenamiento interno del órgano de conducción ante las vacantes existentes. En ese marco, se incorporaron como titulares Lusina Minni, Adriana Meza Torres y Fabricio “Gino” Mesquida.
Desde el PJ señalaron que el objetivo es fortalecer el funcionamiento institucional del partido y consolidar su estructura orgánica en la provincia.
Rechazo a la reforma laboral
Además del reordenamiento partidario, el Consejo Provincial analizó el desarrollo del debate en el Senado de la Nación sobre la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
Las y los integrantes del cuerpo reiteraron su rechazo categórico a la iniciativa. “No se trata de una modernización sino de un proceso de flexibilización y precarización laboral que implica un retroceso en derechos conquistados por los trabajadores”, expresaron.
En el mismo sentido, advirtieron que, de aprobarse, la norma “profundizará la precarización laboral y generará mayores niveles de pobreza y desigualdad”, al tiempo que cuestionaron que la reforma facilite despidos a menor costo para las empresas.
También vincularon el proyecto con el DNU 70/23 y la Ley Bases, al sostener que desde el inicio de la gestión nacional se impulsa “una ofensiva contra los derechos sociales y laborales”.
“El modelo que se propone afecta a trabajadores del sector privado y también a estatales, impactando en paritarias y estabilidad laboral”, señalaron desde el partido.
