Natalia Correapara Informe DigitalLa municipalidad de Paraná le ha hecho un reclamo al IAPV por cobros de tasas de viviendas que están ocupadas por vecinos que aún no han hecho las escrituras, por lo tanto la propiedad permanece a nombre del IAPV.Conforme lo explicaba el titular del IAPV, José Cáceres, el vecino se niega a escriturar porque “está en una situación irregular y no son los propietarios de la vivienda o porque la escritura la tienen que pagar” y se trata de una tramitación costosa.Al otorgarse la vivienda el instituto ofrece financiar las escrituras a través de la cuota mensual del plan, pero no siempre el adjudicatario acepta. En general José Cáceres expresó que existe una Ley para las viviendas sociales, que regía anteriormente, por la cual “se eximía al gobierno de la provincia de impuestos para este tipo de viviendas sociales e invitaba a las municipalidades a adherirse”. En particular, dijo que en oportunamente mantuvo un diálogo con el Ingeniero Van Opstal y el Jefe de Gabinete Ingeniero Jorge González para buscar una solución viable a ambas partes sin llegar a la justicia.Sin embargo, frente ante una aparente búsqueda de entendimiento el funcionario no titubeó en acusar que “nosotros le hemos hecho a la municipalidad un menú de deudas que tienen con nosotros”, declaró duramente enumerando que se trata de: “programas que no se terminaron, pero no digo de ahora, digo en años anteriores que es la forma en que pretenden cobrarnos a nosotros”, “de obras complementarias que la municipalidad tenía que hacer en esos convenios, que no la hizo y por lo tanto nosotros podríamos exigir el pago total”, “también les podría recordar que en el último convenio que hicimos para las 500 viviendas de Paraná la Municipalidad presupuestó $500.000 para ejecutar en obras de nexo que nunca nos pagó un peso a nosotros…la verdad que no sé cómo habrán hecho para cerrar esa cuestión”.Cáceres, por un lado dijo que “no quisimos que esto llegue a una instancia de reclamo judicial porque sería injusto de los dos lados”, pero, por otra parte, manifestó que “sería injusto que le pretendan cobrar al instituto las tasas que no paga la gente que vive en esas viviendas”, sin descartar a la justicia y añadiendo aclarando que corresponde que el vecino se haga cargo de lo que está usufructuando. Asimismo, dijo haberle facilitado una nómina de los adjudicatarios para que el municipio haga lo propio.Sin hablar de números reales Cáceres defendió su postura aseverando a INFORME DIGITAL: “puedo asegurar que son mucho más de 2 millones lo que el Instituto le puede estar reclamando a la Municipalidad en concepto de convenios incumplidos históricamente”, sentenció.
