La ministra de Seguridad Nacional y candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, respondió este martes a las declaraciones de Juan Grabois sobre la situación del empresario argentino Fred Machado, acusado de narcotráfico y con pedido de extradición a Estados Unidos. Grabois había reclamado públicamente “que le pongan inmediatamente seguridad” para evitar riesgos antes de su traslado final. Minutos después, la Oficina del Presidente confirmó que se acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró procedente la extradición ante las autoridades correspondientes.
Apenas se difundió ese pedido, Bullrich contestó en su cuenta de X: “Le voy a poner custodia”, y añadió: “Vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes”. Con esa frase la ministra aludió a las principales causas judiciales que afectan al referente de Fuerza Patria, acusaciones por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos que, por ahora, no registran avances significativos.
En su publicación, Grabois también vinculó el caso con referentes de La Libertad Avanza en la provincia: “Les recuerdo que la candidata a senadora de la coalición en Río Negro es Lorena Villaverde, detenida por llevar medio kilo de cocaína”, escribió. Además afirmó que Villaverde está “vinculada patrimonialmente con Claudio Ciccarelli, testaferro de Fred Machado”, y sostuvo que el entramado narco “no termina en Espert”, sino que “alcanza a otros libertarios”.
La tensión entre ambos dirigentes no es la primera vez que cruza declaraciones públicas. En agosto, Grabois fue detenido tras la ocupación del Instituto Juan Domingo Perón, un episodio que desde el Gobierno interpretaron como un gesto político hacia quienes —según Bullrich— intentan beneficiarse con recursos estatales. Desde Radio Rivadavia, la ministra aclaró que su actuación no obedece a una persecución personal: “Lo que hace el Ministerio es meter preso a una persona que usurpa, destruye y se mete a la fuerza. Se llame Grabois o no”, sostuvo.
En esa oportunidad Bullrich enfatizó que la discusión debía concentrarse en la decisión gubernamental de aplicar una política de tolerancia cero frente a la usurpación y al daño a la propiedad: “Acá lo importante es la decisión. Lo secundario es que estaba Grabois. Este es un mensaje para todos los que quieren vivir del Estado o usarlo en beneficio propio”, dijo en referencia a la causa que involucra al actual candidato por el manejo irregular de fondos de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), hoy bajo la órbita de Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense.
Además afirmó: “Nosotros le decimos a los 46 millones de argentinos que se acabó lo que había. El que usurpa, pierde, se va y termina preso”, y concluyó: “Con nosotros, el que las hace, las paga”.
¿Cuáles son las causas judiciales que complican a Juan Grabois?
El abogado y actual candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires enfrenta dos causas principales: administración fraudulenta y malversación de fondos públicos. Ambas están relacionadas con su gestión en la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) durante la administración anterior.
Administración fraudulenta
El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani denunció que Grabois gestionó ante el Gobierno nacional un fondo millonario de más de 500 millones de pesos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a urbanizar y dotar de servicios un barrio de Mar del Plata. Según la acusación, las obras quedaron inconclusas: casas sin terminar, sin puertas y abandonadas, y el barrio sin infraestructura básica como agua potable y cloacas. Se le imputa haber organizado una estructura política para concretar el uso fraudulento de esos fondos, desviándolos de su propósito y engañando a los organismos encargados de controlar la ejecución, lo que configuraría corrupción en el proceso.
La denuncia fue presentada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata; por jurisdicción y sorteo recayó inicialmente en el juzgado de Sebastián Casanello. Con la intervención posterior de otros juzgados federales, la competencia está en disputa y la Cámara de Casación deberá resolverla finalmente.
Malversación de fondos públicos
Esta causa se vincula con la supuesta desviación de más de 700 millones de pesos, recursos que, junto con el FISU, también provenían del programa Casa Propia, destinado a facilitar la construcción de viviendas por particulares. Se acusa que esos fondos se destinaron a obras que solo se iniciaron pero no se terminaron, dejando un barrio inconcluso y sin las condiciones mínimas para las familias beneficiarias. Así, la gestión de Grabois y de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), responsable de la ejecución de esos fondos, está cuestionada por haber manejado estos fondos fiduciarios sin la debida transparencia ni rendición de cuentas.
Ambas causas no avanzaron significativamente, por lo que se menciona que Grabois tiene razones para mostrarse tranquilo ante el estancamiento de las investigaciones. Asimismo, Sebastián Pareja administra actualmente el FISU, aunque no se han presentado nuevas querellas.
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