“Consideré que no era necesario el uso de la tobillera por que la misma ley lo establece”, afirmó Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal, en una entrevista con Luis Majul al referirse a Cristina Kirchner. El magistrado repasó los argumentos de la defensa de la expresidenta, que sostiene que “no existe peligro de fuga” por contar con diez custodios y por su condición de persona pública, y agregó: “Hay casos que sí necesitan la tobillera, porque se trata de un bien escaso. Considere que no era necesario dispensarse el uso de la tobillera”.
Desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, la escena judicial y política argentina ingresó en una etapa de alta complejidad, con fuertes disputas entre tribunales, defensores y sectores del oficialismo y la oposición. En junio del año pasado, el máximo tribunal confirmó el fallo que impone seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, dejando firme la sentencia emanada del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2. Ese fallo también recibió el respaldo de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por jueces como Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Ante la ratificación del fallo, la defensa de la exmandataria había solicitado que la pena se cumpliera en prisión domiciliaria en lugar de un establecimiento carcelario convencional, alegando motivos como su edad y su condición de ex Jefa de Estado. El Tribunal Oral concedió ese beneficio y dispuso que Kirchner cumpliera la condena en su domicilio del barrio porteño de Constitución, bajo monitoreo con tobillera electrónica y con un régimen de visitas determinado. Desde entonces, la modalidad de prisión domiciliaria no estuvo exenta de tensiones.
El juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, impuso en noviembre nuevas restricciones al régimen de visitas que autorizaban la entrada de personas al departamento donde Kirchner cumple la detención. Esas medidas limitaron tanto la cantidad de visitantes como la duración de cada encuentro y establecieron que se debe contar con autorización judicial previa para visitas fuera de un núcleo cercano. El propio Gorini advirtió que el incumplimiento de estas reglas podría derivar en la revisión de la modalidad domiciliaria, incluida la posibilidad de que sea reemplazada por una detención en un establecimiento común.
Pese a esos lineamientos, la defensa de Kirchner recurrió ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se revisen aspectos de su régimen de detención, entre ellos las limitaciones impuestas a las visitas y otros requisitos como la tobillera electrónica. Borinsky se destacó por su postura en disidencia: consideró que “las cuestiones vinculadas con las condiciones de privación de la libertad de una persona que se encuentra en cumplimiento de una pena privativa de la libertad” sí pueden y deben ser tratadas en el receso según las normas del tribunal penal federal. En audiencias previas sobre el uso de la tobillera electrónica y el régimen de visitas, el juez sostuvo que las restricciones impuestas podrían carecer de base legal expresa o resultar desproporcionadas a la luz de los derechos personales y sociales.
La convergencia de una condena firme, una prisión domiciliaria con condiciones estrictas y la disputa judicial en Casación pone de relieve no sólo el impacto jurídico de la causa Vialidad sino también la dinámica política que rodea el expediente, que sigue siendo un eje de polarización en la agenda pública argentina. La expectativa de los próximos meses está puesta en cómo se resolverán los recursos pendientes y si eventualmente se flexibilizarán o se mantendrán las actuales reglas que rigen la detención en San José 1111.
por R.N.
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