De la redacción de INFORME DIGITAL
El veto del presidente Javier Milei a tres leyes aprobadas por amplia mayoría en el Congreso —la emergencia en discapacidad, la reposición de la moratoria previsional y el aumento para jubilaciones mínimas— abrió una nueva tensión con el peronismo legislativo. Uno de los que salió a responder fue el diputado nacional y exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo total de las tres leyes vetadas representaría menos del 1% del Producto Bruto Interno. En detalle: el aumento a jubilados y el bono implicarían 0,45% del PBI; la emergencia en discapacidad, entre 0,22% y 0,42%; y la moratoria previsional, 0,08%. Estos datos fueron también difundidos por el sitio especializado Chequeado.com, que remarcó que las leyes “no representan un desvío fiscal incompatible con las metas del Gobierno”, aunque señaló que no se identifican claramente las fuentes de financiamiento. Desde la Casa Rosada, en cambio, argumentan que el impacto conjunto sería mayor: 0,9% del PBI en 2025 y 1,68% en 2026, por lo cual Milei optó por vetarlas.
Frente a ese debate técnico, Bordet planteó una crítica de fondo al rumbo económico del Ejecutivo nacional: “Estas leyes no son un gasto, son una respuesta urgente a sectores que no pueden esperar más. Es falso que comprometan el equilibrio fiscal. Lo que sí compromete la estabilidad es un modelo que ajusta sobre los más vulnerables mientras concentra privilegios”, sostuvo.
El diputado entrerriano remarcó que el costo estimado está dentro de las metas fiscales propuestas por el propio oficialismo: “Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el efecto total sería inferior al 1% del PBI. Incluso dentro de las metas que el propio Gobierno se impuso. No estamos hablando de una amenaza al equilibrio fiscal, sino de una decisión política de seguir recortando derechos”, dijo.
Bordet también señaló que las leyes vetadas fueron aprobadas por consenso parlamentario: “La emergencia en discapacidad y el refuerzo previsional fueron aprobados con amplio consenso. Estas iniciativas reflejan una voluntad mayoritaria de proteger derechos básicos. Confío en que el Congreso insistirá con la sanción, como establece la Constitución. Hay derechos que no pueden ser vetados”.
Finalmente, subrayó el impacto territorial que podrían tener las medidas rechazadas por el Ejecutivo: “La recomposición de pensiones por discapacidad no solo es un imperativo ético: también puede mejorar la circulación económica en muchas comunidades. Esta mirada integral es la que el Gobierno nacional elige ignorar”.
En los fundamentos del veto, la Presidencia argumentó que las leyes eran “incompatibles con el cumplimiento del déficit cero” y advirtió que la aprobación sin fuentes claras de financiamiento podría poner en riesgo el plan económico.
