Las familias adjudicatarias de las viviendas del Plan Procrear en Avellaneda, que el Ministerio de Seguridad les entregó a los gendarmes en comodato, acusan al gobierno de “estafa y usurpación”. En Comodoro Py, se impulsa una causa contra los ministros Patricia Bullrich, Luis Caputo y el presidente Javier Milei por defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Las casas estaban prácticamente listas para ser entregadas cuando se produjo el cambio de Gobierno en 2023. Las 160 familias habían sido seleccionadas mediante un sorteo público para adquirir y pagar los departamentos, restando solamente la conexión definitiva de luz, ubicada en el barrio Sagol. Sin embargo, la gestión libertaria, a finales de 2024, eliminó el Plan Procrear. Posteriormente, el Ministerio de Economía traspasó las viviendas del programa al Ministerio de Seguridad, que finalmente las entregó en comodato a los agentes de Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura. Curiosamente, Bullrich había anticipado esa maniobra en febrero de este año cuando un padre de un gendarme en Salta le reclamó por el salario de su hijo. “Usted tiene que confiar. Estamos trabajando para darles planes Procrear”, le respondió. Este martes, Bullrich volvió a entregar 54 viviendas del mismo programa a los uniformados, pero que estaban en un fondo fiduciario, ubicadas en Córdoba.
La causa contra los funcionarios
“Esto es una estafa por desbaratamiento de derechos acordados porque el Estado realiza un acto administrativo y las adjudica pero, luego, las entrega a otras personas”, describió el abogado Leonardo Martínez Herrero, que representa a las familias en la causa iniciada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 9 ante C5N, que este jueves se acercó para ratificar la denuncia y la prueba ante la fiscalía.
El gobierno llevó a cabo el traspaso de las viviendas desde la Secretaría de Vivienda, que dependía de la cartera de Caputo, al Ministerio de Seguridad, mediante un convenio y sin dejar sin efecto el acto administrativo por el cual fueron adjudicadas. En medio de esa gestión, el Banco Hipotecario, bajo la propiedad de Eduardo Elsztain, retrasó la entrega de la documentación a las familias, según indicó el letrado.
“No anularon el acto administrativo de adjudicación de viviendas; lo único a lo que se dedicaron fue a retardar la entrega de documentación a través del Banco Hipotecario. A pesar de ello, muchas familias lograron obtener las tarjetas bancarias para pagar las cuotas, lo que significa que al Estado le ingresaban fondos pero decidieron no cobrar, no recibir y no asignarles estas viviendas”, aseguró el abogado.
En este contexto, “se enviaron notas a la Secretaría de Vivienda, al Ministerio de Economía, al Banco Hipotecario y ninguno respondió o lo hizo de manera muy escueta, indicando que había que esperar a ver qué hace el Presidente con las viviendas”, señaló Martínez Herrero. Las casas permanecieron desocupadas hasta que Bullrich anunció su entrega en comodato por 10 años a los agentes de Seguridad.
Además de la causa en el fuero penal federal por los delitos contemplados en el Código Penal relacionados con la violación de los deberes de los funcionarios públicos y la estafa, la Defensoría de Avellaneda avanza por la vía civil.
LM/DCQ
