Luis Barrionuevo, secretario general nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), reafirmó este jueves la intervención de la seccional Ciudad Autónoma de Buenos Aires y afirmó que esta medida permanece vigente tras la resolución de la Corte Suprema que ordenó la emisión de un nuevo fallo respecto a la disputa gremial con su ex cuñado Dante Camaño. Además, acusó al dirigente porteño de malversación de fondos sindicales y convocó a elecciones para septiembre de este año.
El conflicto se originó en el proceso electoral del 2 de diciembre de 2021, cuando la Seccional Capital, la más grande del país, se preparaba para la renovación de autoridades. Dante Camaño, quien lidera la seccional desde 1985, convocó a elecciones con el objetivo de extender su mandato. Sin embargo, Luis Barrionuevo decidió respaldar una lista opositora encabezada por Humberto Ballhorst (Lista Azul). La ruptura de la alianza entre Barrionuevo y Camaño, acentuada por la separación del secretario general y Graciela Camaño —hermana de Dante y ex diputada nacional—, marcó el inicio de una disputa que rápidamente trascendió el ámbito gremial para instalarse en el judicial.
Esa jornada electoral en 2021 fue testigo de acusaciones cruzadas. Ambas listas se denunciaron por maniobras fraudulentas y por llevar barrabravas a la sede gremial de la calle Salta 1301. La Junta Electoral, dominada por el sector de Barrionuevo, suspendió los comicios al no recibir el respaldo del oficialismo de Camaño para el ingreso de fiscales de la Lista Azul. A pesar de la suspensión, Camaño continuó con la votación y proclamó el triunfo de la Lista Gris, lo que desató una batalla legal que aún no ha encontrado resolución definitiva.
En respuesta a las irregularidades detectadas, la Junta Electoral Nacional de la UTHGRA suspendió formalmente las elecciones en la Seccional CABA. Barrionuevo, en cumplimiento del Estatuto Social, decretó la intervención legal de la seccional a partir del 23 de marzo de 2022, con el fin de asegurar la continuidad institucional. El Consejo Directivo Nacional de la UTHGRA informó a sus afiliados que la intervención contaba con aval judicial y que respondía a la acefalía generada por el vencimiento de mandato de las autoridades y la falta de un acto electoral válido.
La reacción del sector de Camaño no tardó en llegar. Impulsaron una acción judicial para revertir la intervención y validar los comicios. Sin embargo, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declararon inválidas las elecciones que la Lista Gris intentaba presentar como ganadas. La disputa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 19 de junio de 2025 dispuso el retorno de la causa al juzgado de origen para dictar una nueva sentencia. El máximo tribunal, en un fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto la sentencia apelada y ordenó que el tribunal de origen emita un nuevo fallo, aclarando que su decisión “no implica anticipar opinión sobre la validez del proceso electoral” de diciembre de 2021.
El comunicado del sector de Barrionuevo destacó que la Corte no convalidó las elecciones ni declaró ganador a Dante Camaño, ni anuló la intervención de la Seccional CABA, la cual “continúa vigente”. “La Corte simplemente aceptó el recurso extraordinario presentado por Juan Castro (representante de la lista de Camaño) y ordenó que el juez de primer grado emita una nueva sentencia con base en la opinión del Procurador dictaminante, lo que no implica reiniciar todo el proceso, sino solo el dictado de un nuevo fallo”, sostuvo el mensaje firmado por el Consejo Directivo de la UTHGRA.
Mientras tanto, la intervención de la Seccional CABA, primero bajo la gestión de Miguel Haslop y luego de Alvaro Escalante, denunció públicamente a Camaño y a la “Comisión Ejecutiva” que lo acompaña por ejercer funciones de manera ilegítima e ilegal durante más de tres años. Según los interventores, los miembros de la seccional intervenida se negaron a entregar las instalaciones y bienes de la UTHGRA, apropiándose de la sede histórica de la calle Salta 1301, subsedes, hoteles, campings, automóviles, cuentas bancarias y cajas de seguridad. “Han malversado fondos y negado servicios esenciales a nuestros afiliados, atentando contra los derechos que legítimamente les corresponden”, afirmaron en un comunicado.
La gestión de los fondos sindicales se ha convertido en uno de los ejes más delicados del conflicto. Los interventores acusaron a Camaño de evitar sistemáticamente la rendición de cuentas y de mantener en la opacidad “los millones de dólares que públicamente ellos mismos declararon tener bajo su administración, sin jamás acreditar su origen, uso o destino”. Además, destacaron que nunca presentó balances ni libros contables que respalden sus declaraciones y que intentó crear una Junta Electoral propia, presidida por Eriberto Javier Corimayo, alejándose de las normativas del Estatuto Social.
En contraste, la intervención aseguró que desde marzo de 2022 se enfocó en proporcionar servicios médicos, asistenciales y gremiales a los afiliados, inaugurando centros oftalmológicos y odontológicos, así como nuevas sedes para el apoyo y atención de los trabajadores y sus familias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Nuestro compromiso es y seguirá siendo con ustedes, los trabajadores, con la verdad, la justicia y los principios fundacionales de nuestra organización”, enfatizó el Consejo Directivo Nacional.
Como parte del proceso de normalización, Barrionuevo notificó que durante el 59° Congreso General Ordinario de UTHGRA se designaron juntas electorales a nivel nacional y porteño. Ambas supervisarán las elecciones generales convocadas para el 18 de septiembre, en las que se elegirá a la conducción de la seccional Capital que tomará posesión en diciembre de 2025.
La conducción nacional adelantó que al finalizar la intervención y tras las próximas elecciones, se llevará a cabo una auditoría para esclarecer el destino de los recursos sindicales y advirtió sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales civiles y penales contra quienes sean hallados responsables de los delitos denunciados.
