El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha varias investigaciones administrativas para determinar si, entre 2022 y 2023, se organizó a gran escala una operatoria irregular de compra y reventa de dólares al tipo de cambio oficial. Los expedientes en trámite estiman que el volumen sospechado supera los US$1.190 millones.
Las pesquisas apuntan a cuatro casas y agencias de cambio que, según la investigación, habrían intervenido en un esquema destinado a aprovechar la brecha cambiaria vigente en esos años, cuando el acceso a divisas estaba muy restringido por el cepo y el precio oficial se ubicaba muy por debajo de las cotizaciones paralelas.
Mientras hospitales tenían dificultades para importar insumos y empresas sufrían la escasez de divisas, comprar dólares al valor oficial y volcarlos luego al circuito informal se transformó en una actividad extremadamente rentable. Esa diferencia de precios, conocida como brecha cambiaria, llegó a superar el 80% en algunos períodos.
En ese marco, el BCRA detectó indicios de una posible operatoria sistemática para adquirir divisas a bajo costo y destinarlas al mercado paralelo, un mecanismo popularmente denominado “rulo”.
Una investigación con tres frentes
Las actuaciones se iniciaron dentro del propio Banco Central y luego se ampliaron con la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La UIF elevó un informe a la Justicia al señalar que la forma en que circularon los fondos ponía en duda su origen y legalidad. La causa quedó a cargo de la jueza federal María Servini.
En los sumarios administrativos, el BCRA sostiene que se habrían usado operaciones de apariencia regular para desviar dólares obtenidos al tipo de cambio oficial hacia el mercado informal, comprometiendo la transparencia del sistema financiero.
Según la documentación oficial, los bancos habrían sido los proveedores iniciales de billetes, ya fuera a través del propio Banco Central o mediante importaciones. Desde allí, las divisas habrían pasado a casas y agencias de cambio que actuaban como intermediarias.
Uno de los expedientes examina a una firma que habría comercializado cerca de US$466 millones entre 2022 y 2023, buena parte adquirida a una entidad bancaria privada y el resto dentro del propio sector cambiario. Otros sumarios indagan operaciones por US$474 millones y US$251 millones, concentradas en determinados períodos del año.
El Banco Central aclaró que los sumarios apuntan a las casas de cambio y no implican imputaciones directas contra los bancos.
Un punto central para los investigadores es la pérdida de trazabilidad del dinero. En algunos casos, más del 90% de los dólares habrían sido entregados en efectivo entre operadores, lo que impidió rastrear el destino posterior de las divisas.
Para el BCRA, esa modalidad constituye un indicio relevante de que las operaciones podrían haber tenido como destino final el mercado paralelo, disfrazadas bajo una apariencia formal que ocultaba su verdadera finalidad.
Préstamos en dólares bajo la lupa
La etapa más delicada de la investigación involucra a una casa de cambio que habría transferido dólares directamente a personas físicas amparándose en “mutuos” o préstamos. Entre febrero y abril de 2023 se detectaron transferencias a 53 personas por casi US$10 millones, con montos individuales de hasta US$300.000.
Según los sumarios, varios beneficiarios no tendrían un perfil económico compatible con esas cifras. Entre ellos aparecen monotributistas y personas que cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ciertos casos, incluso, se repiten domicilios fiscales para distintos receptores de sumas millonarias.
El Banco Central subrayó que las casas y agencias de cambio no están autorizadas a otorgar préstamos y que los fondos transferidos eran retirados en efectivo casi de inmediato. Además, los contratos preveían la devolución en “dólar billete”, una cláusula que también generó sospechas en los investigadores.
En uno de los expedientes, el BCRA calculó que solo en ese tramo de la operatoria la firma investigada podría haber obtenido un beneficio cercano a los US$8,3 millones, en función de la brecha cambiaria vigente en ese período. Esa cifra, aun así, representa apenas una fracción del volumen total bajo análisis.
Las casas de cambio involucradas rechazaron las acusaciones y sostienen que los sumarios carecen de validez. Las investigaciones administrativas siguen abiertas y podrían derivar en sanciones, clausuras definitivas y nuevas actuaciones judiciales, en un caso que vuelve a poner la lupa sobre el funcionamiento del mercado cambiario en los últimos años.
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