Después de que el presidente Javier Milei vetara la ley 27.790, sancionada en junio, que declaraba la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales tras las inundaciones de marzo, el intendente de la ciudad portuaria, Federico Susbielles, afirmó que “intentaré hablar con el presidente” para que reconsidere y reactive los fondos necesarios para reparar los daños ocasionados por el temporal. La iniciativa contemplaba la creación de un “colchón especial” de $200.000 millones para asistir a los damnificados y financiar la reconstrucción de la infraestructura afectada.
“Voy a intentar comunicarme directamente con el Presidente“, declaró el intendente durante una conferencia de prensa. Además, subrayó: “Sé que es un momento político especial. Estoy convencido de que el marco de colaboración que se estableció al inicio del trabajo se mantendrá. Confío en la palabra que el gobierno nacional ha brindado a través del presidente de la Nación, asegurando que serán parte de la reconstrucción de la ciudad y continuarán apoyando a Bahía Blanca.”
Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior al veto, el intendente adoptó un tono comedido. Acompañado por su gabinete, enfatizó que prioriza el diálogo institucional: “No me apresuraré a hacer declaraciones sin contar con la certeza del caso, sin poder hablar con el presidente de la Nación. Siempre tendré el espíritu de trabajar en conjunto”, expresó.
A pesar de su cautela, Susbielles dejó claro que el veto no puede cerrar la discusión sobre el futuro de la ciudad. “Bahía y sus habitantes tienen derecho a renacer, a que la ciudad tenga un mejor futuro. El veto no puede significar el cierre del capítulo”, afirmó, y mencionó que la reconstrucción tras el temporal del 7 de marzo aún no ha comenzado. En este contexto, destacó que se necesita “gestión y presupuesto”.
“El municipio logró una primera respuesta ante la emergencia, restableciendo servicios básicos gracias al esfuerzo solidario de los bahienses. Hemos podido levantarnos, pero quiero reiterar que la reconstrucción de la ciudad no ha comenzado. La ciudad necesita y seguirá necesitando el apoyo provincial y nacional”, enfatizó el jefe comunal, subrayando la responsabilidad compartida entre los distintos niveles del Estado.
Asimismo, reveló que no ha logrado avances concretos tras las reuniones que mantuvo con Milei y funcionarios del Gobierno nacional en abril. “Me reuní con el presidente en Olivos y también con el responsable de infraestructura del Ministerio de Economía y Vialidad Nacional. Hasta ahora, no hemos recibido respuesta sobre esas gestiones. Esperamos una contestación positiva”, concluyó.
Las razones detrás de la decisión oficial
Desde el Gobierno nacional justificaron el veto al proyecto de asistencia a Bahía Blanca y Coronel Rosales, argumentando que su implementación sería de “imposible cumplimiento”, especialmente en el caso de esta última localidad, que, según indicaron, no fue incluida en los informes técnicos elaborados por instituciones como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, resaltaron que el Estado ya había intervenido previamente para mitigar los efectos del temporal en Bahía Blanca.
Uno de los principales argumentos presentados por la gestión de Javier Milei fue la falta de precisión respecto a la fuente de financiamiento del proyecto. En este sentido, señalaron que la ley aprobada no cumplía con el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige identificar claramente los fondos destinados a cualquier gasto no previsto en el presupuesto. Este mismo criterio ya había sido utilizado en vetos anteriores, por ejemplo, en los casos del aumento jubilatorio y la ley de financiamiento universitario.
Además, el Ejecutivo indicó que ya se habían puesto en marcha mecanismos de apoyo mediante financiamiento externo y bancario. Señalaron que Bahía Blanca cuenta con una línea de asistencia proveniente de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que el Banco Nación está habilitado para asistir a micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el temporal.
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