Miércoles, 11 de abril de 2007   |   Policiales

Avanza la causa por presunta compra de votos en la UCR

La denuncia fue presentada el 20 de septiembre de 2003 por un grupo de concejales justicialistas contra el entonces intendente de Paraná Sergio Varisco.
Luego del paso por tribunales de más de una veintena de testimonios, se conocieron nuevas actuaciones y movimientos, en la causa radicada en el juzgado que ocupaba interinamente la Dra. Marcela Badano. Como se recordará, en la denuncia penal se pidió a la justicia que se investigue la posible existencia de delito en el mecanismo de pagos de planes sociales semanales abonados por la comuna paranaense. Este hecho desató un escándalo mediático, ya que se relacionaron esos pagos con una supuesta compra de votos en las internas radicales, en la que el ex intendente Sergio Varisco era candidato a gobernador. La denuncia fue presentada en su momento ante el juez Raúl Herzovich. También la Fiscalía de Investigaciones Administrativas tomó intervención en el asunto, secuestrando algunas de las nóminas que circulaban en las puertas de la Tesorería Municipal, en momentos que cientos de personas reclamaban el pago. La actuación de oficio terminó con el secuestro de los listados utilizados para llevar adelante los pagos de subsidios de entre 50 y 60 pesos. Los testimonios de los beneficiarios incrementaron las sospechas de que el dinero sería una retribución en el marco de las internas, para los militantes que "trabajaron" para la candidatura de Varisco. En su momento, la ex concejal justicialista Mabel Solanas denunció públicamente el posible pago de votos del sector oficial de la municipalidad en la elección interna del radicalismo y adelantó la presentación judicial que haría el bloque del PJ. El caso tomó virulencia pública cuando más de un centenar de personas se presentaron a cobrar en las oficinas de la Tesorería Municipal y al ser consultadas, señalaron que esperaban cobrar una suma prometida de entre 50 y 60 pesos. Sin embargo, los citados se negaron a especificar los servicios prestados a cambio. Cuando la prensa se hizo presente en el lugar se suspendió el pago. Fuentes tribunalicias dejaron entrever que las pruebas colectada en la causa y las abundantes testimoniales existentes acreditarían las irregularidades denunciadas, por lo que la situación del actual diputado nacional se complicaría como así también la de algunos ex funcionarios que certificaron servicios inexistentes. Entre ellos el actual concejal y diputado provincial electo Luis Pando, quien entonces era director de Limpieza municipal, lugar desde dónde supuestamente realizaron tareas la mayoría de los beneficiarios. (Fuente: Cuestiones On Line)

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