
La causa por la estafa contra el municipio de Concepción del Uruguay, que investiga la sustracción de 25 millones de pesos mediante transferencias bancarias ilícitas, fue remitida a juicio. La decisión representa un nuevo avance en la investigación iniciada en abril de 2023, cuando se detectó la maniobra delictiva que afectó directamente al patrimonio de la comuna.
“Continuaremos velando por la transparencia, por el pleno accionar de la Justicia y por que quienes llevaron adelante este hecho respondan con las máximas penas que establece la ley, asegurando también el recupero de los recursos públicos que pertenecen a toda la comunidad”, expresó el senador provincial Martín Oliva al conocerse la novedad judicial.
El hecho, caratulado “Municipalidad de Concepción del Uruguay – Su denuncia – S/Estafa”, tramita ante la Fiscalía Nº 3 de esa ciudad. La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por el propio municipio, que en su momento encabezaba Oliva como intendente, luego de descubrir unas 16 transferencias irregulares realizadas a través del sistema de Home Banking el 3 de abril de 2023.
En la instrucción penal preparatoria se identificó a 13 personas presuntamente implicadas, todas en libertad bajo normas de conducta, y consideradas coautoras del delito de “estafa informática”. La fiscal interviniente, doctora María Becker —quien asumió la causa tras la designación de Gabriela Seró como jueza de Garantías en Concordia—, presentó el escrito de remisión a juicio ante la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Concepción del Uruguay.
Tras la presentación, el expediente será girado a las defensas para que contesten dentro de los plazos procesales. Luego, el tribunal deberá fijar la audiencia definitiva de elevación a juicio oral, en la que se formalizarán las pruebas y los testigos convocados.
Oliva, actual senador departamental, recordó que desde el inicio del caso el municipio se puso “a disposición de la Justicia para esclarecer lo sucedido”.
“Desde el primer momento, asumimos el compromiso con la ciudadanía de colaborar plenamente para llegar a la verdad. La elevación a juicio representa un paso muy importante en ese camino”, sostuvo.
El dirigente subrayó además que el proceso judicial “ratifica la importancia de sostener la transparencia como principio innegociable de la gestión pública”.
“Hoy puedo decir que he cumplido con el compromiso asumido ante las y los uruguayenses: acompañar y respaldar cada instancia judicial para que se esclarezca lo sucedido”, agregó.
La causa, que generó conmoción en la administración local y en la comunidad uruguayense, se encamina así a una instancia decisiva. El juicio oral permitirá determinar las responsabilidades penales de los implicados y, eventualmente, definir los mecanismos para la recuperación de los fondos sustraídos del erario público.