Comenzó la primera fase del retiro de materiales acumulados en la chatarrería Todoni, ubicada en Avenida Circunvalación, en Paraná. La medida —largamente reclamada por vecinos que habían llevado la denuncia a la Justicia— responde a las quejas por la acumulación ambiental y los daños en la estructura de viviendas linderas provocados por el constante tránsito de camiones de gran porte.
Según un informe oficial del área de Medio Ambiente de Entre Ríos, “los documentos entregados constituyen la base operativa y metodológica para llevar adelante el retiro controlado y documentado de todos los materiales presentes en el predio, incluyendo residuos reciclables, valorizables y residuos peligrosos, conforme la normativa ambiental vigente a nivel nacional, provincial y municipal. Asimismo, contempla un proceso de saneamiento ambiental en caso de detectarse afectación del suelo o evidencias de daño ambiental durante las tareas de retiro”.
El predio donde se ejecutará el plan corresponde a la empresa Las 3E SRL, ubicada en Avenida Circunvalación José Hernández Nº 2561. Las tareas se iniciarán este viernes 28, publicó EntreRíosAhora.
El jueves último venció el plazo para que la empresa presentara un plan de retiro de los desechos; esa tarea debe comenzar entre este martes y el viernes.
La chatarrería pertenece a Las 3 E SRL, empresa de la concejal libertaria Romina Todoni.
El 29 de julio de 2024 la jueza Mastaglia había ordenado la clausura y el traslado de las cantidades industriales de residuos acumulados en la chatarrería Todoni, pero la ejecución de esa medida se fue postergando. En marzo, la magistrada obligó a la empresa a cesar sus actividades comerciales y se abrió una discusión sobre cómo clasificar los residuos, cómo trasladarlos y a qué destino, y —lo más importante— quién asumiría los costos económicos.
Mastaglia aseguró que no quería escuchar la palabra “imposible” y que pretendía evitar nuevas dilaciones, pero luego se cruzó con la abogada que representa a los vecinos, Aldana Sasia, quien reprochó los sucesivos plazos concedidos a los Todoni para cumplir una sentencia dictada más de un año antes. Finalmente, la jueza otorgó un nuevo plazo de seis meses para que Las 3E SRL retire todo el material depositado en el predio de Circunvalación —unas cinco hectáreas— donde están mezclados desechos reciclables con materiales peligrosos.
La concejal Todoni, presente en la audiencia, pidió la palabra al final y dijo: “Ya no puedo seguir escuchando a los vecinos decir lo que dicen porque desde el 2013 nosotros estamos insistiendo en el municipio con un ejido y con una urbanizacicón como la gente. No quiero escuchar más esto porque daña mi salud. Además, el bolsillo no me da abasto para aguantar”.
En junio de este año, la jueza Mastaglia impuso una multa de $200 mil diarios hasta que se concrete el plan de relocalización total de la chatarrería; el monto se aplicará también en días feriados. Además, dispuso la vigilancia policial de la planta de tratamiento y residuos ubicada en Avenida José Hernández Nº 2561 durante un mes, para garantizar el cumplimiento de la clausura, y evaluó al vencimiento si debía mantenerse la medida.
La magistrada había hecho lugar a un amparo presentado por vecinos linderos y, el 29 de julio de 2024, decretó “el cese total de la actividad que se desarrolla en el inmueble sito en Avenida José Hernández N.º 2561 por la sociedad comercial Las 3E SRL y por cualquier otra persona física o jurídica que en el futuro pudiera sustituirla en la explotación de la planta” y “la relocalización de la planta y, en caso de resultar imposible ello, la transferencia de los residuos allí existentes a una planta de tratamiento y transferencia habilitada o la disposición final de los residuos en lugares habilitados”. Cumplido ese trámite, dispuso “el saneamiento y recomposición del medioambiente del inmueble y el área de influencia de este conforme los estudios a efectuar conforme las pautas indicadas en los considerandos precedentes”.
Mastaglia dio un plazo de 30 días a la empresa para cumplir la manda judicial. Y, “para el supuesto de que la reubicación de la planta resultare imposible”, dispuso que Las 3E SRL —o cualquier otra persona física o jurídica que la sustituya en la explotación— debía transferir los residuos a plantas habilitadas dentro o fuera de la provincia o disponerlos en sitios autorizados en el plazo de sesenta días; a esos efectos, debían intervenir las autoridades ambientales de la Municipalidad de Paraná y de la Provincia de Entre Ríos para el control y supervisión.
Nada de eso se cumplió y, el 31 de marzo último, la Justicia consideró “no cumplimentadas” esas resoluciones, decretó la clausura de la chatarrería, ordenó vigilancia policial para garantizar la clausura e intimó a Las 3E SRL “para que en el plazo de cinco días cumplimentara con el traslado de los residuos de conformidad con el plan operativo presentado por las autoridades ambientales”.
El 6 de mayo el Superior Tribunal de Justicia (STJ) intervino y dispuso que, en un plazo de tres días, la empresa demandada elaborara un plan de acondicionamiento, clasificación y traslado de todo el material existente en el establecimiento. Las 3E SRL presentó un plan de traslado y reubicación, pero los vecinos que promovieron el amparo lo objetaron por “no dar cuenta de plazos, cantidades y métodos de traslado de las toneladas de residuos volcados en 37.000 m2”.
La Secretaría de Ambiente de la Provincia también se pronunció sobre dicho plan, concluyendo que no cumple con lo solicitado por varias razones: a) no declara un plan operativo para el traslado de los residuos existentes; b) no indica plazos para ejecutar las tareas; c) no planifica las acciones de manera discriminada (por ejemplo, por dónde se comenzará el retiro y cómo se realizará la clasificación); d) no contempla un cordón sanitario; e) no menciona las medidas de seguridad a implementar ni con qué recursos cuenta la planta, ni explica cómo se efectuará la clasificación de residuos peligrosos mezclados con material reciclable; f) no se indican los plazos de retiro; y g) no se declara la capacidad ni el tamaño del área de almacenamiento temporal, ni el sistema de contención antiderrames ni el kit antiderrame, además de no estar claramente identificado ni ser de acceso restringido.
La autoridad ambiental provincial también observó que el plan “declara la venta de material a distintas empresas siendo que muchos residuos, al estar en contacto con residuos peligrosos, deberán gestionarse como tales, debiendo presentar la identificación y clasificación previa”.
En función de lo expuesto por la autoridad técnico-ambiental, el plan de acondicionamiento, clasificación y traslado de los residuos depositados en la planta no cumple los requisitos mínimos considerando, en especial, la presencia de residuos peligrosos en el lugar. En consecuencia, no puede tenerse por cumplimentado lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en fecha 06/05/2025.
“Por tal razón, al no haberse presentado un plan de traslado de los residuos técnicamente viable a casi un año de haberse dictado la sentencia de amparo, requisito esencial para proceder a su traslado y retiro del predio tal como se ha dispuesto, ha de tenerse nuevamente por incumplida por la empresa la manda de retirarlos, correspondiendo hacer efectiva la imposición de astreintes conforme lo ordenado en fecha 31/03/2025 puesto que, como ya ha sido dicho, el referido plan es parte sustancial para dar cumplimiento al traslado y/o transferencia de los residuos existentes en la planta”, sentenció la jueza.
Por esa razón, la magistrada declaró “improcedente e inviable el plan operativo presentado por la empresa demandada de acondicionamiento, clasificación y traslado de los residuos”.
