La cantidad de contribuyentes que se ven afectados por el impuesto a las Ganancias experimentó un crecimiento exponencial en el último año, tras la aprobación en el Congreso de la modificación que reinstauró el tributo para una gran parte de trabajadores y jubilados.
Como consecuencia de esta decisión legislativa, cerca de 1,2 millones de personas comenzaron a abonar Ganancias en 2025, entre empleados en relación de dependencia y beneficiarios de haberes previsionales, según el informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó ante el Congreso de la Nación esta semana. Así, el número de quienes tributan se triplicó en comparación con el año anterior, generando un notable impacto en la recaudación estatal.
De acuerdo con el informe, el número de personas afectadas por el tributo registró un crecimiento espectacular. En junio de 2025, la suma de trabajadores y jubilados sujetos a retenciones alcanzó los 999.507 empleados y 183.472 jubilados, quienes en conjunto aportaron $444.066 millones. Estos datos provienen directamente de la rendición formal de cuentas realizada por el funcionario, evidenciando un cambio profundo en la base de contribuyentes en relación al año anterior.
Un año antes, en junio de 2024, el número de contribuyentes alcanzados por Ganancias era significativamente menor: 370.916 trabajadores y 16.412 jubilados y pensionados totalizaban en ese momento $293.968 millones de recaudación para el Estado nacional. Esto representó un incremento de más de tres veces en la cantidad de personas incluidas en la nómina de quienes tributan Ganancias, pasando de un total de 387.328 a 1.182.979 individuos abordados por la gestión estatal.
El fundamento de esta modificación masiva radica en la reducción del mínimo no imponible para comenzar a tributar. Durante la segunda mitad de 2024, la ley Bases impulsada por la administración del presidente Javier Milei eliminó el esquema anterior establecido bajo la gestión de Sergio Massa, donde el umbral para ser alcanzado por Ganancias equivalía a 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). En junio de 2024, esos 15 sueldos mínimos eran aproximadamente $3,5 millones.
El nuevo panorama desvinculó el tributo del SMVM, lo que ocasionó que Ganancias —rebautizado como Impuesto a los Ingresos Personales— recayese sobre sueldos notablemente inferiores, comenzando desde $1.800.000 brutos para empleados. Con la implementación del nuevo régimen en julio de 2024, la cantidad de empleados tributando el impuesto aumentó de 566.268 en ese mes a 829.445 en diciembre. En jubilados y pensionados, el incremento fue aún más pronunciado debido a los reajustes de haberes, que elevaron la base imponible a ocho haberes mínimos, lo que en agosto equivalió a $2.514.440 mensuales.
El informe presentado ante el Congreso especificó que en la primera mitad de 2025, los empleados debieron abonar Ganancias cuando su salario bruto superó los $2.280.558, o $1.892.863 netos después de los descuentos de jubilación y salud —esto, en el caso de trabajadores sin familiares a cargo—. Para quienes tienen dos hijos menores, el mínimo de imposición se elevó a $2.654.060 brutos o $2.202.870 netos. Durante el segundo semestre de 2025, los límites cambiaron a $2,4 millones brutos (alrededor de $2 millones netos) para la categoría sin carga de familia y aproximadamente $2,8 millones brutos ($2,3 millones netos) para empleados con dos hijos.
La recaudación creció de manera proporcional al aumento en el número de aportantes, registrando un salto del 60% interanual. Esta dinámica favorable para el fisco nacional se explicó tanto por la ampliación de la base de contribuyentes como por la adaptación del tributo a las nuevas pautas legales. Las cifras reveladas por ARCA indicaron que este incremento tuvo relación con una base de comparación menor para el mismo mes del año anterior, donde prevalecían retenciones sobre montos significativamente superiores, correspondientes únicamente a los llamados “altos ingresos”.
La estructura del tributo también influyó en otros niveles de gobierno. Dado que Ganancias es un impuesto coparticipable, el incremento masivo del universo de sujetos alcanzados repercutió positivamente en la distribución de recursos hacia las provincias, fortaleciendo los fondos asignados a través de este mecanismo legal.
Entre los jubilados, un grupo especialmente sensible a los cambios tributarios, la situación se alteró en función del incremento del haber mínimo y de los reajustes por sentencia judicial, lo cual generó que un número mayor de beneficiarios empezara a tributar el impuesto. Según la legislación vigente, la obligación surge cuando los ingresos superan ocho veces el monto del haber mínimo mensual —en agosto, esta cifra alcanzó $2.514.440—.
Los impactos económicos y sociales fueron amplios. Por un lado, el gobierno nacional utilizó estos fondos adicionales para respaldar su objetivo de alcanzar y mantener un superávit fiscal en las cuentas públicas, una meta central en la política económica del oficialismo. Por otro lado, la ampliación del impuesto brindó un respiro a las finanzas de las jurisdicciones provinciales gracias al sistema de coparticipación federal de impuestos.
