El gobierno de la provincia puso en marcha las medidasanunciadas recientemente con el objetivo de reducir el déficit de la Caja deJubilaciones y Pensiones, y en este contexto, determinó, mediante el Decreto1576 del 24 de junio, que se aplicará un incremento del 3% de losaportes jubilatorios a los activos y pasivos dependientes de la administraciónpública de Entre Ríos.
Esta decisión del Ejecutivo entrerriano ya comenzó a generarrechazos por parte de diferentes sectores, como legisladores, gremialistas yorganizaciones.
Lo que dice el archivo
Uno de los que se pronunció al respecto fue el senador porel Departamento Uruguay, Martín Oliva, quien cuestionó, más allá del aumento,la forma en que se concretó.
“Cuando nos visitaron en el bloque se entendía que sería unproceso que se iba a dar por la Legislatura y ahora pareciera que va a ser pordecreto”, señaló el legislador en declaraciones a Radio Plaza.
Y agregó: “En lo personal pienso que no debe tocarse ointervenirse sobre lo que disponen los trabajadores en sus salarios y habríaque buscar diferentes mecanismos consensuados con los trabajadores paraorganizar el sistema de retiro que administra la provincia”.
“Desde que empezó esto, hace mucho tiempo, ha llevado larelación 4 a 1 y, según lo que nos dijo el titular de la Caja, Gastón Bagnat;está en 1,82 la relación aportante-pasivo. Ese es el concepto inicial que, atítulo personal, tengo, hay que trabajar en esto, pero de manera consensuadacon los representantes de los trabajadores”, opinó.
Martín Oliva.
Más adelante, el ex intendente de Concepción del Uruguayinsistió: “Todos coincidimos en que la Caja debe reorganizarse y el gobierno loestá haciendo, pero entendíamos que era una materia de discusión legislativadonde acordáramos con los trabajadores. En lo personal, no hubiese ido nunca enalgo que los trabajadores sintieran que iba en detrimento de sus conquistas osus salarios”.
“Creo que hay que sentarse en una mesa, lo había habladoinformalmente, no institucionalmente ni en profundidad, con algunos de losrepresentantes gremiales y creo que todos tienen una visión de que hay quereorganizar. Por eso con ellos y, a lo mejor, en una mesa de trabajo de todoslos días, que genere tensión, se podía llegar a un acuerdo, y quizás en algúnmomento lleguemos a eso en la Legislatura”, apuntó.
Para concluir, sentenció: “A la Caja todos los que habitamosesta provincia sabíamos que hay que ordenarla, pero no es, quizás, la forma enque había que hacerlo”.
Por su parte, la Asociación Gremial del Magisterio de EntreRíos (AGMER), también se refirió al tema y coincidió con el integrante de laCámara Alta provincial en rechazar la decisión del gobierno entrerriano.
El gremio expuso su postura mediante un comunicado quetituló como “Un ajuste más a nuestros salarios, y en el peor momento”.
El comunicado de AGMER
Otra de las voces que se sumó al rechazo hacia el decretoprovincial fue la de Carolina Fischbach, abogada previsionalista y presidentedel Instituto de Derecho Previsional del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos,quien advirtió acerca de la posibilidad de que se inicien acciones legales sobre la medida,considerando el impacto que la misma podría tener en los salarios de losactivos y pasivos.
Así lo reveló la letrada en una entrevista que brindó aRadio Plaza, donde detalló: “Estamos analizando pormenorizadamente si reúne losrequisitos para que esto no sea atacado por algún tipo de inconstitucionalidad.Porque toda norma que sale de los distintos poderes puede ser revisada por elPoder Judicial, que es el poder de contralor”.
Carolina Fischbach.
Para cerrar, Fischbach aclaró que la propia Ley 8.732, deJubilaciones y Pensiones, aún vigente, establece esta posibilidad en elartículo 12, incluido dentro del capítulo V de la normativa, y especificó: “ElPoder Ejecutivo toma el artículo 12, no es que está legislando”.
Pero afirmó: “En la situación de emergencia en la cual estamos,tocar en el 3% el ingreso no es nada gracioso”.
El Decreto
