Se intensifica la incertidumbre respecto al impacto del ajuste que el gobierno de Javier Milei está implementando en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En las últimas horas, la tensión aumentó tras un cruce entre Ariel Pereda, director nacional del INTA y funcionario de carrera, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien había puesto en duda la operatividad del organismo. Ayer, un trabajador del INTA publicó una carta abierta, respaldada por más de 270 firmas, en la que también criticaba a Sturzenegger.
Las declaraciones del ministro sobre el INTA fueron realizadas durante una entrevista en LN+. Sturzenegger sostuvo que el INTA “gasta la mitad de las retenciones del maíz”, cuenta con “6000 empleados y 3000 vehículos”, y que su funcionamiento actual requiere una “reformulación integral para ordenarlo”. Además, ironizó sobre la labor del instituto al preguntar: “¿Qué hace el INTA?”.
Ante estas afirmaciones, Pereda respondió que las palabras de Sturzenegger “son mentiras”. Explicó, respaldado por datos, que el INTA ya ha estado implementando un proceso de ajuste interno durante un año y medio, reduciendo su personal en 1000 personas. En cuanto a la flota de vehículos, aclaró que son herramientas indispensables para el trabajo, especialmente en las zonas rurales más alejadas del país.
El Gobierno de Javier Milei ha puesto un foco especial en el INTA. En un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), Sturzenegger afirmó que “el INTA gasta $400.000 millones” y cuestionó su efectividad. Estas declaraciones generaron malestar en sectores productivos, dado que el organismo cuenta con autonomía operativa y financiera para gestionar sus recursos y definir políticas.
En este marco, el Gobierno busca implementar un plan de ajuste que pretende reducir la cantidad de miembros en el Consejo Directivo, actualmente compuesto por 10 representantes del sector público y agropecuario. Se planea eliminar los puestos de representantes de las facultades de Agronomía de las universidades nacionales y de Ciencias Veterinarias. La Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) dejaría su puesto, ya que le ofrecieron una representación gubernamental que decidió no aceptar. Aunque aún no hay confirmación, se dice que ese asiento podría ser ocupado por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
Además, lo que el Gobierno llama “transformación” contempla una reducción de la planta de personal del INTA, que pasaría de 6100 a 4500 trabajadores, utilizando mecanismos como los “pases de disponibilidad”. Desde hace meses, se ha facilitado un retiro voluntario de personal.
Pereda enfatizó que el ajuste ya está en marcha en la institución. “La realidad es que el INTA ha reducido su planta de personal en 1000 personas en el último año y medio. Los vehículos son vitales para el trabajo en áreas rurales remotas”, subrayó.
Asimismo, Pereda advirtió que “la gobernanza del INTA está en riesgo”. Más allá del recorte, se está poniendo en juego una institucionalidad que asegura la continuidad de políticas a largo plazo. Destacó que, en los últimos 20 años, la estructura de personal del organismo se ha mantenido bastante estable, con mínimas variaciones.
A raíz de las críticas del ministro, otras voces dentro del INTA también se han manifestado. Héctor Ferrario, empleado del área de articulación institucional de la Dirección Nacional Asistente de Extensión Rural y Transferencia Tecnológica, publicó una carta abierta, respaldada por más de 270 compañeros, en la que defendió la trayectoria y el valor de los 6300 trabajadores del instituto, enfatizando su rol en innovación tecnológica, extensión rural y apoyo a pequeños y medianos productores.
Ferrario recordó que el INTA cuenta con un Plan Estratégico Institucional 2015-2030, del cual se derivan planes de mediano plazo que se adaptan a los cambios del contexto. Actualmente, se está evaluando el plan anterior y se está desarrollando uno nuevo para este quinquenio, lo que se traduce en una cartera de programas y proyectos. También destacó que la estructura del INTA abarca 350 nodos distribuidos en todo el país, con centros regionales, estaciones experimentales y agencias de extensión rural.
El INTA se financia principalmente a través de un porcentaje del valor CIF de las importaciones y de la aplicación de una tasa de estadística. Además, recibe fondos públicos del presupuesto nacional y genera ingresos mediante proyectos y actividades de valorización tecnológica. De hecho, el Fondo de Valorización Tecnológica proporciona aproximadamente 434 millones de pesos, mientras que el presupuesto total alcanza los 228.000 millones de pesos.
Ferrario enumeró diversos desarrollos del INTA, como el silobolsa utilizado a nivel nacional e internacional, y la vacuna oleosa contra la fiebre aftosa, clave para el control sanitario en la ganadería. También mencionó tecnologías para la cosecha, formación técnica para profesionales, y proyectos integrados que han triplicado rendimientos en la producción de tomate.
