En diálogo con Canal E, el analista político Gustavo Damián González evaluó la polémica por las nuevas designaciones en la Auditoría General de la Nación y afirmó que se trató de un probado.phtml">acuerdo político “cuestionable, pero no ilegal”.
La designación de nuevas autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobada en las sesiones extraordinarias del 18 de diciembre, volvió a tensar la relación entre el PRO y el oficialismo libertario. González señaló que el conflicto conjuga un debate legal con una intensa disputa de poder en el Congreso. “La Auditoría General de la Nación es un órgano de control al Estado”, recordó, y destacó la relevancia institucional del organismo.
Según González, el PRO, a través de Cristian Ritondo, presentó una acción de inconstitucionalidad al sostener que las designaciones no figuraban en el orden del día de las extraordinarias. No obstante, precisó que el meollo del problema no está en el acuerdo en sí. “Claramente hubo un acuerdo, pero esto no hay nada para objetar, porque el Parlamento es para hacer acuerdos”, afirmó. En ese marco, La Libertad Avanza impulsó a Rita Almada, Unión por la Patria a Juan Forlón y el gobernador salteño a Pamela Caletti.
El analista también cuestionó la forma en que se desarrolló la sesión, marcada por la improvisación. “La sesión fue un poco improvisada y desprolija”, dijo, y contó que incluso se tuvo que extender para permitir la llegada de una de las designadas al recinto. A su juicio, esa desprolijidad constituye el principal argumento del reclamo opositor.
Un reclamo legal con trasfondo político
González separó con claridad lo jurídico de lo político. “Los acuerdos son justamente parte del proceso parlamentario”, dijo, y destacó que el Poder Judicial difícilmente intervendrá en este tipo de decisiones. En ese sentido, adelantó que la presentación del PRO probablemente será desestimada. “Esto es un acuerdo político, y si los acuerdos políticos se llevan a cabo en el Parlamento, el Poder Judicial difícilmente se meta”, explicó.
Para el analista, el enojo del PRO se explica porque quedó afuera de una negociación clave. “Lo que está diciendo el PRO nos dejaron afuera”, resumió, y relacionó el malestar con el discurso del Gobierno contra la “casta”, en contraste con el entendimiento alcanzado con el kirchnerismo. Según dijo, la ausencia en el orden del día fue el motivo que llevó al PRO a abandonar el recinto.
Lo que viene: febrero y nuevas negociaciones
De cara al futuro, González anticipó la continuidad del diálogo político. “Todo pareciera que sí”, respondió al ser consultado sobre una nueva etapa de sesiones extraordinarias en febrero. Enumeró una amplia agenda pendiente: designaciones en la Corte Suprema, más de 200 cargos judiciales vacantes, la designación del Defensor del Pueblo y reformas laborales.
En ese contexto, consideró que lo sucedido en la AGN puede ser el primer paso de un proceso más amplio. “Yo diría que es un inicio de diálogo entre los dos bloques más importantes”, afirmó, aunque advirtió que el avance dependerá de la voluntad de ambos: oficialismo y peronismo.
