La audiencia pública sobre la licitación del río Paraná, conocida como la “hidrovía”, registró este lunes un rechazo masivo al intento de profundizar el dragado sin antes realizar estudios de impacto ambiental: más del 90 por ciento de los 247 expositores se pronunciaron en contra de esa mecánica.
Desde las 8 hasta pasadas las 23, predominó la objeción técnica a la audiencia y al proceso de licitación en su conjunto por parte de abogados ambientalistas. Defensores del río y del humedal también rechazaron poner en riesgo la vida de esos ecosistemas para convertir al Paraná en una “autopista líquida” por donde circulen barcos de mayor calado.
Durante las alrededor de 14 horas de la audiencia virtual se reclamó, además, la apertura de espacios de participación real: escuchar a los habitantes de las ciudades ribereñas, a pescadores, isleños y representantes de los pueblos originarios, en lugar de reducir el debate a un trámite formal concentrado en una única jornada maratónica.
La “Audiencia Pública sobre el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal” fue convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Su objeto formal fue “poner en consideración de la ciudadanía el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental”. La autoridad portuaria, dependiente del Ministerio de Economía, publicó en su página distintos estudios bajo el título “Documentación, antecedentes e informes de gestión y evaluación ambiental de la Vía Navegable Troncal”.
Un “no” diverso y federal
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas señaló que hubo un “masivo y contundente rechazo popular al intento de legitimar las obras sobre el Río Paraná para convertirlo en ‘hidrovía’”. La organización impugnó la audiencia (en paralelo se presentó una medida cautelar previa por otros actores, que fue rechazada por la Justicia) y reiteró su oposición “al proyecto de dragado, profundización, ensanchamiento y cambio de trazas sobre el Río Paraná”.
“A pesar de los obstáculos deliberados para dificultar la participación -información técnica desordenada, formularios impresos, falta de difusión-, la respuesta es categórica: la participación de una enorme cantidad de expertos, referentes sociales, académicos, intelectuales y sindicales que rechazan este modelo de río”, afirmaron en un comunicado.
El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial también sostuvo que “esta audiencia era ilegítima” y detalló las razones: “No se presentó ningún Estudio de Impacto Ambiental válido. Las obras de dragado ya están en curso. No existe línea de base ni evaluación de impactos acumulativos. La información no fue clara, ni accesible, ni difundida en forma efectiva, violando el Acuerdo de Escazú. Lo que se intentó fue convalidar por vía administrativa una licitación ya decidida”.
“En la participación territorial y de la sociedad civil se destacan organizaciones socioambientales, comunidades isleñas, trabajadores del río, universidades, sindicatos, colectivos artísticos y ciudadanos autoconvocados. Lo que se expresó fue una oposición transversal, masiva y bien argumentada, que dejó en evidencia la profundidad del rechazo a este modelo extractivo”, añadieron.
Según su balance de la jornada, se defendió al río “como fuente de agua potable para millones, corredor de biodiversidad y soporte de humedales, territorio habitado por comunidades que resisten y bien común que no puede seguir siendo gestionado a espaldas de la sociedad”. “La voz colectiva desmontó el simulacro”, concluyeron, y exigieron: “El modelo de río que intentan imponer no tiene licencia social. Exigimos la anulación del proceso y la suspensión inmediata de la licitación proyectada”.
Próximo informe y un interrogante abierto
Al cierre de la jornada, pasadas las 23, voceros de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación indicaron que en los próximos días publicarán un “informe de cierre” de la audiencia, con un resumen de las ponencias y “respuestas técnicas” a algunos de los planteos realizados.
Fabián Maggi, Abogados/as Ambientalistas, dijo a Rosario3 que es probable que la Agencia intente continuar con el proceso pese a las impugnaciones y avanzar con el pliego. Eso no resuelve el planteo de fondo que hizo en febrero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y que frenó el intento anterior.
El organismo del Ministerio Público Fiscal fue categórico: antes de licitar deben realizarse los estudios de impacto ambiental de la obra, algo que no se ha hecho. Sobre este punto, Maggi planteó la inconsistencia: “¿Cómo vas a licitar una obra, en donde el Estado ya asume un compromiso, si todavía no está aprobada ambientalmente?”
El informe de la PIA fue, según resumió el periodista Mariano Galíndez en ese momento, el talón de Aquiles del proceso. El texto señala: “Es fundamental analizar la ausencia de la pertinente evaluación de impacto ambiental en las actuaciones previas al llamado a licitación. Estos resultan un requisito fundamental para el debido resguardo del principio de sustentabilidad en la contratación administrativa. Debiendo considerarse, además, en expedientes como el ahora en estudio, como un procedimiento esencial de los exigidos por la ley para la legalidad de los actos administrativos”.
